Un nuevo derecho de petición fue enviado a la Secretaría de Gobierno Municipal con el propósito de que informara sobre las acciones que ha desarrollado la Alcaldía de Valledupar para el retiro del puesto de control kankuamo que está ubicado a la entrada del corregimiento La Mina, debido a que el retén presuntamente está cobrando un peaje ilegal para permitir el tránsito por la vía, y estaría afectando el ordenamiento territorial del municipio. 

Así lo dio a conocer el concejal de Valledupar Jorge Luis Arzuaga, quien dirigió el derecho de petición al secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis, y a la jefa de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Cecilia Castro, para que informen en la brevedad de lo posible si el cabildo gobernador del resguardo kankuamo, Jaime Arias, concertó con la administración la instalación del retén en la vía pública. 

Así mismo, sobre los límites geográficos del corregimiento La Mina y de Patillal dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. En ese sentido, Arzuaga comentó que si el puesto de control está modificando dicho ordenamiento el caso sería debatido en el Concejo Municipal porque el resguardo no podría estar delimitando de manera ilegal el espacio geográfico del municipio.

“Envié el derecho de petición para que la administración de manera oficial indique si le autorizó al resguardo kankuamo la instalación de ese portón en la vía. También pedí copias de las solicitudes y respuestas del Ministerio del Interior, Gobierno kankuamo y cualquier otra autoridad que se haya involucrado en la obstrucción de la vía pública entre Patillal y La Mina”, manifestó el corporado. 

Otra de las peticiones recae en esclarecer si el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valledupar fue ajustado o modificado por la expedición del Decreto 1500 de agosto del 2018, en el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos arhuacos, kogui, wiwa y kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Al respecto, Jaime Arias, cabildo gobernador del resguardo kankuamo, argumentó que el retén que es llamado por la comunidad indígena como ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’, está dentro de la jurisdicción del resguardo porque así lo establece la constitución geográfica de ese territorio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y una serie de registros que establecen que el puesto está dentro de la ‘Línea Negra’.

Sobre el cobro, Arias afirmó que al ser una de las aristas que más ha causado conflicto con las comunidades vecinas están considerando la posibilidad de suspender el recaudo de $4.000 por vehículo pequeño y $7.000 de mayor tamaño “para que sea un ejercicio voluntario”.

Sin embargo, explicó que dicho sistema de contribución propio está “establecido en el Congreso y que de hecho, tiene un reconocimiento en el artículo 330 de la Constitución, en el cual se precisa que los resguardos indígenas pueden establecer tributos”.

¿OTRO PUESTO DE CONTROL ÍNDIGENA? 

Dentro del derecho de petición también se le solicita a la administración municipal información sobre si autorizó la instalación de un portón ubicado en medio de la carretera que conduce al corregimiento de Sabana Crespo, o si este fue autorizado por alguna comunidad indígena. 

Así mismo, si la administración tiene identificada esa vía pública hacia dicho corregimiento en el plan de ordenamiento, debido a que esta otra estructura estaría dificultando el acceso a ese territorio y violando el derecho a libre locomoción de los ciudadanos. 

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN 

@namiibb