Esta semana, seis países solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos, Colombia ocupa un puesto importante: como país fronterizo con Venezuela, ha recibido la mayor cantidad de refugiados e inmigrantes de la diáspora venezolana, la más grande de la historia de Latinoamérica.

El paso dado por Argentina, Colombia, Paraguay, Chile, Perú y Canadá es inédito. Latinoamérica lidera hoy una cruzada contra un gobierno que se ha mantenido en el poder por 20 años. Pero ¿qué sabemos exactamente sobre las implicaciones de esta noticia?

Una solicitud sin precedentes 

Es la primera vez en la historia de la CPI que Estados que forman parte del Estatuto de Roma piden abrir un procedimiento contra otro Estado miembro. Este estatuto es el instrumento legal a través del cual se constituyó la Corte Penal, suscrito por varios países desde 1998. Aunque el tribunal con sede en La Haya entró en funciones en 2002, la solicitud contra Venezuela no tiene precedentes.

De acuerdo con Juan Navarrete, exrepresentante de Colombia en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, lo novedoso del proceso es que quienes hacen la denuncia son jefes de Estado y de gobierno. En entrevista con la cadena BBC, manifestó que lo usual es que este tipo de iniciativas vengan de parte de organizaciones de derechos humanos.

Responsabilidad individual 

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos tienen implicaciones para los Estados en organismos como la Corte Interamericana. Sin embargo, Navarrete explicó a BBC que en la CPI la responsabilidad por es completamente individual.

Esto significa que la iniciativa tomada por los seis países no va directamente contra el Estado venezolano. Sin embargo, sí involucra a personalidades clave dentro del régimen de Nicolás Maduro. “La investigación afecta a toda la cadena de mando que hizo posible esos hechos”, dice Navarrete.

Fundamentos de la denuncia 

La solicitud contra el régimen de Nicolás Maduro obedece a tres investigaciones clave encabezadas por la ONU, la OEA y la CIDH. Los reportes documentan torturas, desapariciones forzosas y represión en Venezuela desde el 12 de abril de 2014.

Ese año, una ola de protestas culminó con más de 43 personas asesinadas, en su mayoría jóvenes. En 2017, otro gran movimiento de manifestantes estuvo en las calles durante meses, dejando una cifra de más de 100 muertos.

Momento en el que cae Neomar Lander, uno de los adolescentes asesinados en las protestas de 2017 en Venezuela

Lo que viene ahora 

En los próximos días, la Corte Penal Internacional tiene la oportunidad de demostrar su potencial como organismo judicial supranacional. Si la CPI encuentra los elementos suficientes para cumplir con la solicitud de investigación, el caso será llevado ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Ese tribunal de control decidirá si se admite la denuncia.

La investigación formal, una vez aprobada, implica todos los pasos de rigor en un procedimiento judicial: citación de testigos, recolección de pruebas, et. Los resultados permitirán a la CPI comenzar el juicio.

Solo existe un precedente de un juicio contra un jefe de Estado antes. En 2008, la CPI acusó al presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, de su responsabilidad por el delito de genocidio en la región de Darfur en su país.

Desde entonces, dos órdenes de captura emitidas por la CPI limitan los movimientos del mandatario fuera de su propio país. Aunque no aditió los cargos en su contra, Al-Bashir no ha puesto un pie de nuevo en países de Europa o Estados Unidos, donde la orden de la CPI podría hacerse efectiva.

Las giras de Nicolás Maduro y otros jerarcas del gobierno venezolano por el mundo podrían limitarse cada vez más. Internacionalmente, parece construirse un cerco para acorralar al mandatario y obligar a su régimen a dimitir.

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