Hallazgos forenses en la hacienda Bethania de El Copey, Cesar, abren una nueva ventana a la verdad sobre desapariciones forzadas en el conflicto armado colombiano. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informaron este 16 de junio que, tras una serie de intervenciones forenses, se encontraron restos humanos y prendas de vestir que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada, en un predio que fue epicentro de violencia y crímenes contra pueblos étnicos.
Intervención forense y contexto judicial
La intervención forense en la hacienda Bethania fue el resultado de una medida cautelar decretada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco del Caso 09, que investiga crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado. La UBPD había identificado este predio como un lugar de interés humanitario y extrajudicial, tras recibir testimonios y evidencias sobre la posible inhumación de personas desaparecidas en el lugar.
El proceso no estuvo exento de obstáculos. El propietario de la hacienda negó inicialmente el acceso a los equipos técnicos, lo que llevó a la UBPD a solicitar la intervención judicial de la JEP. “La Unidad de Búsqueda argumentó la urgencia de la intervención forense ante el posible riesgo de pérdida de cuerpos presuntamente inhumados en la hacienda”, señala el comunicado conjunto. Finalmente, la medida cautelar permitió el ingreso de los expertos, acompañados por un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Resultados de las intervenciones
Las diligencias forenses se realizaron en tres fases: septiembre de 2024, marzo y mayo de 2025. Los equipos especializados lograron identificar “diversos hallazgos, entre ellos partes de prendas de vestir masculinas y femeninas, así como fragmentos óseos que, tras ser analizados mediante técnicas histológicas, fueron confirmados como de origen humano”.
Estos hallazgos confirman las hipótesis formuladas por el Grupo Interno de Trabajo del Magdalena de la UBPD, que desde hace años venía documentando la posible localización de víctimas de desaparición forzada en este predio. La relevancia del sitio fue sustentada en testimonios de testigos y comparecientes en audiencias públicas, así como en la investigación humanitaria adelantada por la UBPD.
Implicaciones judiciales y nuevas investigaciones
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en consideración a los hallazgos forenses y la información recaudada, tomó la decisión de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a varios terceros civiles presuntamente involucrados en estos crímenes. Entre ellos se encuentran Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la hacienda Bethania, y otros como Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez.
Según el auto expedido por la magistrada Caterina Heyck Puyana, los Mamos arhuacos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro habrían estado secuestrados y torturados en la hacienda Bethania antes de ser asesinados. El documento conocido por EL PILÓN también señala la presunta responsabilidad de estos terceros en la conformación y patrocinio de estructuras paramilitares que operaron en la región, con la posible participación de miembros de la fuerza pública.
La JEP compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue la posible responsabilidad de estos civiles en delitos como desaparición forzada, tortura, homicidio y concierto para delinquir. Además, solicitó a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía que actúe sobre los inmuebles presuntamente utilizados para la comisión de estos delitos, incluyendo la propia hacienda Bethania y otras propiedades asociadas a los investigados.
Reconocimiento de crímenes de lesa humanidad
En su decisión, la JEP ratificó la declaratoria de lesa humanidad de los crímenes investigados, subrayando el impacto devastador que estos hechos han tenido sobre la espiritualidad, gobernabilidad y autonomía de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “El asesinato de líderes espirituales indígenas por parte de algunos actores armados ocurrió de manera selectiva, para atacar directamente la cohesión espiritual y cultural de estos pueblos que se resistían a su sometimiento”, cita la decisión judicial, en correspondencia con el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Un hito en la búsqueda de verdad y justicia
La intervención en la hacienda Bethania marca un precedente en la articulación entre la UBPD y la JEP, siendo la primera vez que se solicita y decreta una medida cautelar para el ingreso a un predio privado en el marco del Sistema Integral de Paz. Los hallazgos forenses y las decisiones judiciales derivadas abren la puerta a nuevas investigaciones y al esclarecimiento de crímenes que durante años permanecieron en la impunidad.
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Las víctimas y sus familias esperan que estos avances permitan no solo la recuperación de los cuerpos y la dignificación de la memoria de los desaparecidos, sino también el juzgamiento de los responsables y la restitución de los derechos de los pueblos afectados por la violencia.
Por: Redacción EL PILÓN
