Durante 20 años, las ventas informales de comidas rápidas sobre la Avenida Los Militares, a la altura del colegio José Eugenio Martínez, han perdurado bajo la mirada de distintas administraciones municipales.

Este año, los propietarios de los llamados ‘puestos de comida’ dejaron de operar por las diferentes medidas restrictivas impuestas tanto por el Gobierno nacional como municipal.

No obstante, desde que se dio la reactivación de diferentes sectores de la economía, los propietarios de estos negocios aperturaron las ventas, a lo que la Alcaldía de Valledupar se opuso y el pasado sábado desalojó a los vendedores estacionarios que se hacían en este sector del barrio Villa Miriam, en la comuna 4.

De acuerdo con Robert Bolaños Pérez, propietario de uno de estos negocios, antes del confinamiento eran 38 ‘puestos’, ahora solo quedan 15, ya que más de la mitad quebraron al no poder sostener las deudas y mantener el capital inicial. 

Dijo que si bien fueron desalojados del andén ubicado sobre el colegio José Eugenio Martínez, porque reconocen que estaban invadiendo el espacio público, tampoco los dejan trabajar en las afueras de sus viviendas, ya que muchos de ellos viven en una de las calles principales del barrio Villa Miriam, frente a la acequia.

“El señor alcalde está dispuesto a no dejarnos trabajar, nos está quitando el derecho a trabajar, nos quitó del espacio y eso no se lo discutimos, pero sí que nos deje trabajar en nuestras casas, porque necesitamos cubrir nuestras deudas y compromisos.  Nos exigen tener los protocolos de bioseguridad y estamos dispuestos a cumplirlos, pero que nos den tiempo.  El sábado nos desalojaron, no socializaron nada, simplemente llegaron y se llevaron las carpas que teníamos dispuestas”, refirió Bolaños Pérez.

Añadió: “En la administración pasada firmamos un convenio con Augusto ‘Tuto’  Uhía, para hacernos la reubicación, pero eso quedó en nada. La comunidad no aceptó la reubicación en el lote que se había destinado en Villa Miriam porque lo tienen destinado para una casa comunal.  Nos dijeron que nos podían reubicar en el parque La Vallenata, pero eso depende de la Universidad Popular del Cesar y no sabemos si se pueda. La Alcaldía lo que hace es lavarse las manos y decir que no nos van a permitir trabajar y más nada”. 

Por su parte, Dani Fragozo Vives, propietario de dos negocios de comidas rápidas, aseguró que la semana pasada fueron convocados a una reunión con el alcalde, Mello Castro Gonzalez, y el secretario de Gobierno municipal, Luis Galvis, pero estos no asistieron sino que designaron a otro funcionario de la Alcaldía de Valledupar.

“No nos están dando alternativas, no nos dan los permisos porque dicen que es zona residencial y no comercial. De este trabajo son muchas personas las que devengan un sustento diario”, destacó Fragozo Vives. 

‘REABRIERON SIN AUTORIZACIÓN’

Ante esta situación, el secretario de Gobierno municipal, Luis Galvis, expresó que estos comerciantes reabrieron los establecimientos obviando todos los requisitos exigidos.

“Debemos dejar claro que existe un decreto presidencial y municipal que dispone que la reapertura de los establecimientos de comercio está ligada al cumplimiento de requisitos, como lo son: los protocolos de bioseguridad, legalidad de los establecimientos y certificados sanitarios, y estos comerciantes aperturaron sus establecimientos obviando absolutamente todos estos requisitos”, destacó el funcionario.

Según Galvis, no implementaron protocolos de bioseguridad, no controlaron aforos, no tenían autorización de reapertura y no tenían certificado sanitario, por eso, “no tienen autorización de reabrir”.

Aseveró que la administración municipal está abierta a que todos los establecimientos de comercio del sector gastronómico puedan reabrir sus negocios, pero con el cumplimiento de los requisitos.

“Ellos pueden reubicarse en el sector que ellos dispongan, pero sin obviar que deben cumplir con los requisitos de ley.  El espacio público es otro problema, porque la comunidad de la comuna 4 se queja de la violación vulgar y flagrante del espacio público de quienes ejercen una actividad de comercio irregular”, subrayó Luis Galvis.

POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ/ EL PILÓN.