Aunque el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fue declarado culpable por la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante, por ahora permanecerá en el cargo hasta tanto no se encuentre plenamente ejecutoriada la sentencia.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que la audiencia virtual de la mañana de este jueves fue de sentido de fallo, faltando la lectura de este, es decir, la diligencia en la que el alto tribunal dará a conocer los años de inhabilidad que recaerían sobre él.

No obstante, según lo consultado con abogados especialistas en Derecho Penal, a partir de la audiencia de lectura de fallo se pueden presentar varias probabilidades.

El reconocido jurista y columnista de esta casa editorial, Hugo Mendoza Guerra, explicó que si la defensa interpone recurso de apelación la providencia pasaría a ser revisada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal compuesta por nueve magistrados, la cual en un proveído podrían confirmar la condena o revocarla.

“Con relación al cargo, hasta tanto no se encuentre ejecutoriada y en firme la sentencia de primera instancia no proceden ni las inhabilitaciones ni mucho menos la convocatoria a unas eventuales elecciones. El gobernador continuará por el momento con todas sus funciones hasta tanto no se encuentre totalmente ejecutoriada o en firme la apelación correspondiente”, manifestó Mendoza.

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Agregó además que ese proceso de segunda instancia, dentro de su experiencia en la materia, puede demorar alrededor de unos ocho meses o un año.

Sin embargo, el abogado penalista, asesor y docente, Oscar Sierra Fajardo, manifestó que de ser enviado a prisión el gobernador en la próxima diligencia el Gobierno nacional deberá asignar a uno encargado.

“Ahora bien, respecto a lo que tiene que ver con su cargo como gobernador, es preciso advertir que en su contra no existe ninguna medida cautelar que le impida seguir desempeñándolo hasta tanto no se profiera la respectiva sentencia condenatoria. Lo anterior quiere decir que el próximo 27 de julio, día en el cual se realizará la lectura del fallo, se conocerá acerca de la probable privación de la libertad del gobernador, la cual tendría como consecuencia necesaria la radicación de una solicitud al presidente de la república para que ordene la suspensión de funciones y separación del cargo”, precisó Sierra Fajardo.