En un informe final de 38 páginas, la Contraloría de Valledupar, en cabeza de Mary Flor Therán,  dio a conocer públicamente los resultados de una auditoría realizada a los contratos hechos por la Alcaldía de Valledupar durante la declaración de emergencia sanitaria por la aparición del coronavirus.

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Además de varios hallazgos, la Contraloría municipal concluyó que la gestión del Municipio de Valledupar “no cumplió con los principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía y valoración de los costos”. Sin embargo, desde la Alcaldía se defendieron y señalaron que dicha conclusión se basó en argumentos errados.

EMERGENCIA

Para empezar, el ente de control recordó que mediante el Decreto 248 del 18 de marzo de 2020 se declaró la urgencia manifiesta contractual para atender la emergencia provocada por el coronavirus en Valledupar, celebrando entre el 20 de marzo y el 17de julio de 2020 un total de 109 contratos por la modalidad de contratación directa, todos por un valor de $2.620 millones.

El ente señala que aunque la administración municipal debió reportar a la Contraloría de Valledupar los actos administrativos y contratos, la Alcaldía  “no realizó oportunamente dicho reporte de manera oficial a este ente de control”.

Al respecto, el asesor jurídico, Luis Carlos Ramírez, indicó que el dispositivo para remitir la información en época de urgencia se satisface cuando la información es subida en tiempo real en la plataforma. “La administración hizo todos los contratos por escrito y los subió inmediatamente, en el mes de marzo y abril, al Secop 1. Es decir que la información es pública y de libre acceso, incluido a ellos”, dijo.

En el mismo caso, agrega la Contraloría, la omisión cuenta como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria “por la vulneración de los deberes funcionales de los encargados de suministrar y publicar oportunamente la información”.

Desde la administración señalaron que la Contraloría cometió “un error de apreciación”. “Afirma que nosotros no estamos subiendo la información en el Secop 1. Hasta el mes de abril eso era obligatorio para todas las entidades, pero después era obligatorio abrir la cuenta en el Secop 2. Llama la atención que no se dieron cuenta que la administración estaba obligada a migrar al Secop 2”, sostiene el asesor jurídico.

¿NO CUMPLE?

Con la llegada y expansión de la covid-19 a finales de marzo, las autoridades nacionales y territoriales decretaron la cuarentena, suspendiendo casi todas las actividades económicas. Este receso frenó la expansión del virus pero también dejó a millones de familias sin su sustento. Por eso, los gobiernos se metieron las manos al bolsillo y entregaron mercados a las familias vulnerables. La Alcaldía de Valledupar no fue la excepción.

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Sin embargo, según la auditoría de la Contraloría, la administración no contrató con la empresa idónea. La entidad se refiere al contrato de suministro no. 324 del 27 de marzo de 2020, celebrado con Mercaupar, que como persona jurídica entregó 9.615 mercados por valor de $52.000 cada uno, por un valor total de $499 millones.

“Verificado el certificado de existencia y representación legal de Mercaupar observamos con extrañeza que su actividad económica son las ‘actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados’, en las cuales no se identifican las inherentes al objeto contractual del negocio jurídico en cita”, concluye la Contraloría. Además, continúa el oficio, “Mercaupar no presenta experiencia alguna en este tipo de contratos”.

En defensa de la administración liderada por el alcalde Mello Castro, la Oficina Jurídica señaló que  “la Contraloría cometió errores en materia de análisis legal”.

“No distinguen las dos acciones que desarrolla Mercaupar. En sus estatutos declara dos actividades: la actividad de administración y la operación del Mercado Público. La operación, señala claramente el estatuto, consiste en garantizar la provisión alimentaria para la ciudad (…) además, Mercaupar integra los 600 comerciantes de víveres del Mercado Público. De manera que la conclusión es equivocada y desenfocada en cuanto al objeto social”, concluyen el asesor jurídico de la Alcaldía,  Luis Carlos Ramírez.

Contrario a la Alcaldía, en la auditoría se señala que ante esta circunstancia se podría estar “frente a una posible configuración del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por eso, para el equipo auditor, las inconsistencias presentadas constituyen un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria“.

¿INVERTIR EN MEDIOS ES DERROCHE?

En el cuarto hallazgo, la Contraloría cuestiona la inversión de la Alcaldía en el plan de medios. En este contrato, la Alcaldía  contrató con diferentes medios de comunicación de la ciudad para hacer masivas las decisiones y estrategias implementadas para contener el virus, según explicaron.

No obstante, el oficio señala que con la inversión “no se enmaran en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados para contener y mitigar los efectos del virus”.

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¿Por qué? “El Plan de medios contratado va dirigido a la población con acceso a televisión, radio e internet, que cuentan con información suficiente por los medios de comunicación públicos y privados sobre prevención, contagios, controles. Si hubo la necesidad de generalizar alguna información particular, bien pudo hacerse efectuado a través de la página web y redes sociales que maneja la administración municipal”, dice la entidad.

Por eso, consideró que dicha inversión era “excesiva e innecesaria, contraria a los lineamientos generales que promueven medidas eficaces de austeridad y transparencia del gasto público”. Incluso, sostienen que el valor del Contrato No.307 de 2020, por $93 millones, fue un gasto innecesario en detrimento del patrimonio público municipal en esa cuantía”.

Contraria es la opinión de las autoridades locales. “¿De qué manera se puede llegar a la comunidad para establecer rutas de atención en salud, para generar información sobre mecanismos de autocuidado, si no es a través  de un ambicioso plan  de medios que utilizara radio, televisión, redes sociales, correos? Gobernar en épocas de confinamiento es comunicar. Lo que está prohibido es la publicidad institucional”, contrarrestó Ramírez.

APOYO LOGÍSTICO

La Alcaldía de Valledupar celebró el Contrato 309 de 2020 con el objetivo de contratar personal para el apoyo logístico a los profesionales encargados del desarrollo de actividades de protección, logística y control.

En este punto son varios los cuestionamientos. La auditoría empieza recalcando que el contrato presenta inconsistencias como que no se identifica claramente la necesidad de la contratación; se focaliza cuál es la población beneficiaria, pero no se especifica la cantidad; no se definen las condiciones de entrega de los bienes, entre otros. Por eso identificaron un  hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Sostienen, además, que no se justifica la entrega de un Pago anticipado y sin exigir garantías. Sobre el cuestionamiento, los jurídicos sostuvieron que era necesario el anticipo por la necesidad de flujo.  “Ese contrato fue necesario para la entrega de los mercados porque fueron más de 100.000, entre los que se adquirieron, donaron y los que envió el Gobierno nacional. Los mercados no se entregan solos, requieren personal.  Errada la interpretación de la Contraloría local”, concluyen los funcionarios municipales.

¿PAGOS DIFERENCIALES?

Para llegar a los barrios de la ciudad, la Alcaldía de Valledupar contrató decena de profesionales y técnicos. En este caso, la Contraloría controvierte por qué las obligaciones específicas de esos contratos son exactamente las mismas y por el mismo periodo de dos meses, sin embargo, “no hay justificación técnica sobre la diferencia en el valor de los honorarios de estos profesionales, “debido a que una profesional de enfermería graduada en el año 2010, especialista en sistemas de calidad, reciba mayores honorarios que un médico cirujano graduado en el año 1992, y especialista en salud familiar”.

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Según el jurista de la Alcaldía, los pagos dependen del nivel de riesgo. “Las diferencias en materia de honorarios entre el personal de salud contratado tiene que ver con quienes trabajan en el procesamiento de información y oficinas, frente a los que salen al contacto con los enfermos de covid-19. Ese nivel de riesgo tiene una exigencia de mayor pago, así el perfil profesional sea el mismo”, concluyeron desde la Alcaldía.

De los 109 contratos efectuados durante la emergencia, 60 fueron realizados por la Secretaría de Salud, por $591 millones; luego aparece la Secretaría de Gobierno con 23 contratos por $156 millones; en tercer lugar aparece Gestión Social con 19 contratos, sin embargo, fue la sectorial que más recursos contrató: $1.291 millones en total.

Es importante reseñar que los 3 posibles hallazgos penales serán trasladados a la Fiscalía; los 6 disciplinarios a la Procuraduría y los 6 administrativos y los 2 fiscales por un valor de $143 millones quedarán en manos de la Contraloría. La Oficina Jurídica de la Alcaldía señaló que darán cada una de las explicaciones necesarias para defender el actuar de la administración.

Por Deivis Caro/EL PILÓN