Los comparecientes hablaron del homicidio de Carlos Manuel Jiménez, ocurrido el 16 de noviembre del año 2006.
En una audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se presentaron dos exmilitares para ampliar su versión sobre los ‘falsos positivos’ cuando hicieron parte del Grupo Mecanizado N°2 ‘Coronel Juan José Rondón’ del departamento de La Guajira.
Los comparecientes fueron el entonces teniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, conocido en el 2020 por ser esposo de la sobrina e hija putativa de la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el exmayor Robert Mesa Ardila, quienes hacen parte del caso 03 mediante el cual se investigan las ejecuciones extrajudiciales.
Durante la diligencia, Álvarez Castaño pidió perdón por la muerte del joven Carlos Manuel Jiménez, un menor de 16 años de edad que el ejército presentó falsamente como ‘dado de baja’ el 16 de noviembre del año 2006 en el municipio de El Molino.
“He pedido perdón de rodillas a Dios por lo que hice. Las circunstancias me ayudaron a madurar y a entender que yo tenía que venir aquí a esta justicia especial a reconocer la verdad, que no debí obedecer ni participar del asesinato de Carlos Manuel”, dijo Álvarez Castaño.
Agregó que era necesario que las otras personas que hacían parte de la cadena de mando comparezcan también para que se conozca la presión que existía en esa época para dar resultados.
El exmayor Robert Mesa Ardila, por su parte, también reconoció la ejecución extrajudicial del adolescente y se comprometió en entregar la verdad.
“Tuvo que pasar mucho tiempo, pero entendí que es el momento para responder a la vida, a las víctimas, a la familia, al país y a mi institución”, dijo Mesa Ardila.
En el encuentro de carácter restaurativo también estuvo la familia del menor con el fin de exponer sus dudas y posturas frente al caso.
El padre del menor manifestó que se sentía tranquilo por haber conocido a los involucrados y que espera conocer toda la verdad de los hechos.
Esta ejecución extrajudicial es reconocida entre los colombianos por haber sido una de las polémicas que marcó el periodo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien para afrontarlo realizó un blog llamado ‘Martha Lucia Responde’ donde se refirió al exteniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, entre otros temas.
En ese entonces aclaró que Álvarez Castaño no había sido condenado por ejecución extrajudicial.
De igual manera, en un proceso aislado la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de cuatro exmilitares del Batallón de Artillería N°2 La Popa localizado en Valledupar.
Se trata de José Miguel Zuleta, Jorge Enrique Sánchez, Oel Cañas, y Pedro Manuel Urruchurtu, investigados por ejecuciones extrajudiciales entre los años 2005 a 2007 en zonas aledañas a Valledupar y el municipio de El Copey. No obstante, el exmilitar Urruchurtu está también involucrado en un hecho registrado en Valdivia, Antioquia, en el año 2006.
En la decisión otorgaron un plazo de 10 días a los comparecientes para que presenten su compromiso formal con la verdad de manera clara y concreta.
La JEP también lanzó una dura advertencia a los exmilitares mediante la cual advirtió que de faltar a los compromisos adquiridos se les podría revocar los beneficios obtenidos como la libertad condicional.
Los comparecientes hablaron del homicidio de Carlos Manuel Jiménez, ocurrido el 16 de noviembre del año 2006.
En una audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se presentaron dos exmilitares para ampliar su versión sobre los ‘falsos positivos’ cuando hicieron parte del Grupo Mecanizado N°2 ‘Coronel Juan José Rondón’ del departamento de La Guajira.
Los comparecientes fueron el entonces teniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, conocido en el 2020 por ser esposo de la sobrina e hija putativa de la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el exmayor Robert Mesa Ardila, quienes hacen parte del caso 03 mediante el cual se investigan las ejecuciones extrajudiciales.
Durante la diligencia, Álvarez Castaño pidió perdón por la muerte del joven Carlos Manuel Jiménez, un menor de 16 años de edad que el ejército presentó falsamente como ‘dado de baja’ el 16 de noviembre del año 2006 en el municipio de El Molino.
“He pedido perdón de rodillas a Dios por lo que hice. Las circunstancias me ayudaron a madurar y a entender que yo tenía que venir aquí a esta justicia especial a reconocer la verdad, que no debí obedecer ni participar del asesinato de Carlos Manuel”, dijo Álvarez Castaño.
Agregó que era necesario que las otras personas que hacían parte de la cadena de mando comparezcan también para que se conozca la presión que existía en esa época para dar resultados.
El exmayor Robert Mesa Ardila, por su parte, también reconoció la ejecución extrajudicial del adolescente y se comprometió en entregar la verdad.
“Tuvo que pasar mucho tiempo, pero entendí que es el momento para responder a la vida, a las víctimas, a la familia, al país y a mi institución”, dijo Mesa Ardila.
En el encuentro de carácter restaurativo también estuvo la familia del menor con el fin de exponer sus dudas y posturas frente al caso.
El padre del menor manifestó que se sentía tranquilo por haber conocido a los involucrados y que espera conocer toda la verdad de los hechos.
Esta ejecución extrajudicial es reconocida entre los colombianos por haber sido una de las polémicas que marcó el periodo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien para afrontarlo realizó un blog llamado ‘Martha Lucia Responde’ donde se refirió al exteniente Daniel Arturo Álvarez Castaño, entre otros temas.
En ese entonces aclaró que Álvarez Castaño no había sido condenado por ejecución extrajudicial.
De igual manera, en un proceso aislado la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de cuatro exmilitares del Batallón de Artillería N°2 La Popa localizado en Valledupar.
Se trata de José Miguel Zuleta, Jorge Enrique Sánchez, Oel Cañas, y Pedro Manuel Urruchurtu, investigados por ejecuciones extrajudiciales entre los años 2005 a 2007 en zonas aledañas a Valledupar y el municipio de El Copey. No obstante, el exmilitar Urruchurtu está también involucrado en un hecho registrado en Valdivia, Antioquia, en el año 2006.
En la decisión otorgaron un plazo de 10 días a los comparecientes para que presenten su compromiso formal con la verdad de manera clara y concreta.
La JEP también lanzó una dura advertencia a los exmilitares mediante la cual advirtió que de faltar a los compromisos adquiridos se les podría revocar los beneficios obtenidos como la libertad condicional.