Quienes resultaron elegidos como Congresistas, bien sea Senador de la República o Representante a la Cámara, el domingo 13 de Marzo, tienen una grandísima responsabilidad con el pueblo colombiano, con sus regiones y – principalmente- con la gente más pobre de las zonas más apartadas y abandonadas de nuestro país. Contrario a lo que se considera, que nuestro sistema político es excesivamente presidencialista, lo cierto es que, a la luz de lo establecido en la Constitución Política de 1991, el Gobierno Nacional, el ejecutivo, requiere contar con unas mayorías en el Congreso, a la hora de gobernar.
Resulta que los Constituyentes de 1991, en su leal saber y entender, le dieron al Congreso de la República un poder inmenso, que a veces no visualiza muy bien el ciudadano común y corriente. Ese poder se puede resumir en tres grandes tareas: hacer las leyes, hacerle control político al gobierno y reformar la misma Constitución. Esto sin desconocer otras funciones de carácter judicial, administrativa y electoral, que la misma Carta le atribuye a los Honorables Congresistas; por ejemplo: elegir Contralor General de la República, Procurador General, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la Nación. Nada más, ni nada menos.
Y en efecto, entre 2022 y 2026, el período del nuevo Congreso y del nuevo gobierno, serán cuatro años vitales para rescatar nuestra economía, después de la debacle post-covid 19, afrontar la grave crisis social por la que estamos pasando, a raíz de la migración de millones de venezolanos y del aumento del desempleo y la pobreza, que ya padecíamos, antes de los dos fenómenos: tanto la pandemia, como la migración. Nunca, quizás como antes, se requiere que la dirigencia política, incluyendo la que resulte en la oposición, deponga sus intereses particulares en aras del bien común, como lo ordena la misma Constitución.
