Procuraduría investiga a exalcaldes por contrato de la nueva Galería

La Procuraduría ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra exfuncionarios del Municipio de Valledupar por el contrato de construcción de la denominada nueva Galería Popular, que se construye desde hace cerca de cinco años en el lote del antiguo Idema, destinada a albergar a los vendedores callejeros.
La medida cobija a dos exalcaldes de Valledupar, así como a  un exsecretario de Obras Públicas,  un supervisor y a un Interventor externo por el contrato número 139 de 2007 para la construcción de la nueva Galería en los terrenos del antiguo Idema, que con una inversión superior  a los  3 mil millones de pesos aún está inconclusa, lo que podría constituir un detrimento patrimonial para el Municipio de Valledupar.
La decisión obedece a la queja presentada por el veedor ciudadano, Jayne Alcides Mora Murgas el 7 de marzo de 2011 ante la Procuraduría Regional de Cesar en cabeza, en ese entonces, de Diana Zabaleta Molina, por lo que la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ordenó a la Regional del ente de control adelantar la investigación contra los exalcaldes, Rubén Carvajal Riveira y Luís Fabián Fernández; el exsecretario de Obras Públicas, Efraín Márquez Daza; el arquitecto Luís Alfredo Pérez Díaz, Supervisor del Contrato de Interventoría externa número 137 de 2007, y al también arquitecto, William Cortés Díaz, representante legal de Diarco Ltda interventor externo del contrato 139 de 2007 y contratista del contrato de prestación de servicios 137 de ese mismo año.
Cabe anotar que aunque la queja cobijaba también al exalcalde  Ciro Pupo Castro, la Procuraduría decidió archivar las diligencias adelantadas en su contra, al considerar que no participó en la contratación que origina la investigación.
La Procuraduría comisionó a la regional para la práctica de pruebas, luego de lo cual escuchará en versión libre a los cinco encartados, a fin de que hagan las aclaraciones y precisiones relacionadas con el objeto de la averiguación.
La Procuraduría Regional tiene un plazo de tres meses para cumplir con el mandato  de la comisión, advirtió el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, Jaime Mejía Ossman.