La Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado le dio la razón y amparó derechos del concejal de Valledupar, Leonardo Mestre Socarrás, dentro de un proceso de reparación directa que adelanta en contra de la Procuraduría General de la Nación.
En diciembre de 2020, Mestre había impuesto esta medida solicitando nulidad y reparación por el fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación que lo había inhabilitado por 12 años por elegir como contralor de Valledupar a Omar Contreras. La demanda buscaba la reparación del daño causado.
Los fallos disciplinarios contra los concejales fueron revocados por la misma Procuraduría General, motivo por el que se declaró la inexistencia de la falta disciplinaria y fueron absueltos de responsabilidad.
