Este 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro inicia su cuarto y último año de mandato con una gestión marcada por contrastes. Entre avances sociales en sectores vulnerables, reformas incompletas, tensiones institucionales y una relación ambigua con los territorios que, como el Cesar, aún reclaman mayor presencia e inversión del Gobierno nacional.
Mirando a nivel departamental, para destacar aparece la implementación de la reforma agraria, específicamente la entrega de tierras. A pesar de los escándalos, la Agencia Nacional de Tierras ha impulsado la titulación de casi 10.000 hectáreas en el departamento, especialmente en municipios como Chimichagua y La Gloria.
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Este esfuerzo, si bien parcial porque no se fortaleció la agroindustria, representa uno de los logros más concretos del Gobierno en la región. También se puede destacar el acompañamiento del presidente a las comunidades étnicas de la región, con la entrega de casas de reconciliación, centros de armonización y un mausoleo de memoria para las víctimas del conflicto armado.
Y tercero, la ampliación de subsidios sociales a nivel nacional impactó en el Cesar con Programas como Colombia Mayor y Renta Ciudadana.
Lo que está pendiente
De los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el Cesar hasta ahora ninguno se ha materializado. Proyectos clave como la doble calzada Valledupar–San Roque–Maicao, plantas de tratamiento (PTAR), distritos de riego y el embalse multipropósito de Besotes están estancados o cancelados.
La transición energética y económica está aún más enredada. La reducción de las actividades mineras de carbón, promovida por el gobierno como parte de su plan de descarbonización, ha afectado las finanzas de varios municipios del Cesar. El presidente prohibió la exportación de carbón a Israel por razones políticas, y los departamentos del Cesar y La Guajira dejarían de recibir alrededor de 100.000 millones de pesos.
Mientras eso pasa, el Gobierno nacional no ha avanzado con las inversiones en el corredor minero o de la vida, como nombró el territorio comprendido por los municipios de Codazzi, El Paso, Becerril, Chiriguaná y La Jagua de Ibirico. Su gran apuesta, la creación del Distrito Minero, hasta ahora está en el papel.
En seguridad también se ha rajado el Gobierno, junto a las autoridades departamentales. La intervención del Catatumbo llevó a que grupos armados se trasladaran al Cesar, un corredor clave para la exportación de drogas.
En el sur y centro del Cesar aumentaron los secuestros y las extorsiones, especialmente en zona rural. El Cesar vive el ‘postcatatumbo’ sin el acompañamiento permanente del Gobierno nacional, ni respuestas concisas por parte de las autoridades locales. La presencia de grupos armados como el ELN, Clan del Golfo y disidencias, tienen bajo amenaza al departamento.
Culpa compartida
A pesar de los programas sociales impulsados por el Gobierno nacional, como Renta Ciudadana y Colombia Mayor, el impacto en los indicadores económicos del Cesar ha sido limitado.
Según el DANE, el Cesar es el cuarto departamento más pobre del país y, lo que es aún más alarmante, va en contravía de la tendencia nacional de reducción de la pobreza. En el Cesar, la pobreza está aumentando. Lo mismo pasa en su capital. Valledupar cerró el 2024 con una tasa de pobreza monetaria del 49,8 %, la tercera más alta entre las capitales del país.
Sin embargo, parte de esta situación también responde a la débil gestión de las autoridades locales. El Cesar ha recibido más de $1,3 billones en regalías entre 2022 y 2025, pero persisten brechas en educación, salud, agua potable y conectividad vial, por malas inversiones y corrupción.
