Después de 15 años de su muerte, la Nación fue condenada a pagar a sus familiares una indemnización económica por el crimen del entonces alcalde de La Paz, Cesar, Hernán Morón Araujo.
La condena fue proferida por la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, firmada por los magistrados Hernán Andrade Rincón, Mauricio Fajardo Gómez y Carlos Alberto Zambrano, quienes encontraron a la Policía Nacional, responsables por omisión del crimen del entonces mandatario municipal, al no ofrecerle la seguridad, cuando éste la reclamó al notar en La Paz desde la mañana del 7 de enero de 1997, la presencia de las células guerrilleras.
Hernán Morón Araujo se comunicó telefónicamente con el gobernador de la época, Mauricio Pimiento Barrera, a quien desesperadamente pidió protección. El Gobernador a su vez solicitó el apoyo de la Policía y el Ejército, pero el refuerzo nunca llegó y el alcalde fue asesinado en su oficina aproximadamente a las 4 de la tarde.
