El exdiputado del Cesar y abogado, Eduard Fernández Molina, solicitó a la Asamblea Departamental la aprobación de la Ordenanza para adoptar la Ley que creó la Estampilla Pro Electrificación Rural, antes que se venza su vigencia que va hasta el año 2016.
La petición está contenida en el oficio que fundamentado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en especial, en el decreto número 01 de 1.984, le dirigió a la corporación el pasado 13 del cursante mes y en ella les recuerda el alcance de la Ley 1059 del 26 de julio de 2006, y publicada en el diario Oficial número 46.341 del 26 de julio de ese mismo año.
La referida Ley autorizó en su artículo primero a las Asambleas departamentales y a los Concejos Distritales para que en el término de 10 años contados desde el 2006 se emita la Estampilla Pro Electrificación Rural como recurso para contribuir a la financiación de esta obra en todo el país.
En la Ley, recordó Fernández Molina, se dispuso que el valor anual de la emisión sea hasta el 10 por ciento del presupuesto departamental.
El artículo quinto de la Ley 1059 de 2006 determinó que la totalidad del recaudo por el concepto en mención se podrá destinar en su totalidad a proyectos de electrificación rural o a la seguridad alimentaria y desarrollo rural de los departamentos, según el caso, y la fiscalización de la inversión de dichos recursos estará a cargo de las contralorías departamentales o distritales.
El exdiputado llamó la atención sobre cómo se han dejado de recaudar y de invertir unos cuantiosos recursos en estos seis años pasados si se considera que el presupuesto departamental para la época en que se promulgó la Ley 1059 era de unos 500 mil millones de pesos y hoy se aproxima a los 800 mil millones, y el tope del recaudo es de hasta el 10 por ciento del presupuesto departamental, lo que equivaldría a unos 50 mil a 80 mil millones de pesos anuales.
