Edgardo Maya Villazón pugna por quedarse con la dirección de la Contraloría General de la Nación, cartera que hoy está en manos de Sandra Morelli.
En días anteriores el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional la escogencia de la cabeza de este órgano de control; la suspensión fue para estudiar una tutela interpuesta por Carlos Mario Isaza, quien argumentó que la Corte Constitucional cometió varias irregularidades en la escogencia del vallenato Edgardo Maya como aspirante a Contralor General de la República.
La candidatura de Edgardo Maya a la Contraloría es respaldada por la mayoría de dirigentes políticos en Valledupar.
En dicho recurso, Isaza expuso que la Corte vulneró sus derechos fundamentales al adelantar el proceso de selección de Maya, pues pese a que en las dos primeras votaciones no se obtuvo una mayoría absoluta, se procedió a elegirlo en vez de convocar a una tercera. Sin embargo, a consideración de la corporación administrativa, el máximo órgano de lo constitucional no incurrió en ninguna irregularidad en la elección, pues el mecanismo utilizado fue el más equitativo e idóneo.
De ahí que no haya existido una arbitrariedad por parte de la Corte Constitucional, sino un procedimiento en el que este organismo “cogió un candidato de una convocatoria y otro de la segunda, y lo sometió a decisión y la mayoría decidió eso y la ley se lo permite”, como señaló el presidente del Tribunal Administrativo, Leonardo Torres. Y agregó que, a diferencia de lo planteado por Carlos Isaza, no se vulneró ni se irrespetó el reglamento interno para este tipo de elecciones.
Justamente, Torres sostuvo que en la primera votación Maya Villazón resultó ternado, pero no alcanzó la mayoría exigida en la norma. Después se procedió a realizar una segunda convocatoria, en la que no participó el exprocurador, pero ninguno de los candidatos allí propuestos alcanzó los seis votos. En esta situación el presidente del Tribunal dijo que el reglamento permite “escoger un candidato de todos los que participen en el debate de elección, que podía ser uno de la primera o de la segunda convocatoria. Incluso se podía escoger uno por fuera”.
En conclusión, no se violó el debido proceso administrativo que era, en últimas, lo alegado por el demandante. Ahora, el Congreso deberá elegir al sucesor de Sandra Morelli, quien dejará el cargo en agosto próximo, entre Maya Villazón, Gilberto Rondón y Carlos Ardila Ballesteros.
Una terna que ha sido polémica y frente a la cual el legislativo tendrá que tomar una decisión mientras estas candidaturas siguen siendo demandas.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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