Un proyecto del exalcalde Raúl Machado, que prometía llevar Internet a 524 hogares rurales del municipio de Becerril, en el Cesar, terminó en cuestionamientos de la Contraloría General de la República por fallas técnicas, falta de sostenibilidad y graves problemas de seguridad que lo dejaron inoperante en menos de dos años.
Se trata de la iniciativa “Implementación de una arquitectura de conectividad inalámbrica mediante radioenlaces que permita la integración de múltiples servicios tecnológicos en zona rural de Becerril”, aprobada el 21 de diciembre de 2021 por el OCAD Paz, con un presupuesto de $5.265 millones financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
El contrato de obra se firmó el 12 de abril de 2022 con la Unión Temporal Conectividad Becerril, y la interventoría quedó en manos de la Unión Temporal Unidos por Becerril 2022.
El proyecto reportó un avance físico del 100% y financiero del 95,18%, pero nunca fue recibido oficialmente por la administración municipal. Según la Contraloría, durante una visita técnica realizada entre el 18 y el 22 de noviembre de 2024, se constató que las 18 torres de comunicación instaladas presentaban deterioro, abandono y hurtos masivos de equipos como paneles solares, inversores, baterías, controladores y routers.
La administración se defiende
En total, 12 torres quedaron inservibles tras los robos ocurridos entre mayo de 2023 y agosto de 2024. La falta de un plan de seguridad y de mantenimiento dejó sin servicio a la mayoría de los beneficiarios. Además, la entidad advirtió que el municipio no contrató la prestación del servicio de Internet de manera continua, lo que interrumpió la conectividad desde febrero de 2024.
La Contraloría también cuestionó la calidad de los materiales y la ausencia de certificaciones técnicas avaladas por la interventoría, lo que agrava las dudas sobre la idoneidad de la obra. Estos hechos fueron catalogados como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por un monto de $5.265 millones, equivalente al valor total del proyecto.
Frente a los señalamientos, el actual alcalde de Becerril, Fabián Martínez, quien asumió en 2024, pidió que no se le atribuya responsabilidad, argumentando que los contratos fueron suscritos en la administración anterior. El contratista, por su parte, se comprometió a reponer los equipos robados, restablecer el funcionamiento de las torres, reforzar la seguridad y repetir las capacitaciones en TIC para la comunidad.
El caso refleja los riesgos de invertir recursos públicos en proyectos de alto impacto sin garantizar mecanismos de sostenibilidad ni planes de protección en zonas rurales vulnerables. A la fecha, las comunidades de Becerril siguen sin el acceso a Internet que se les prometió.
