POLÍTICA

Concejal y Secretaria de la Gobernación en Audiencia ante Procuraduría

Un concejal de Valledupar y una funcionaria de la Gobernación de Cesar deberán acudir mañana a la Procuraduría Regional en cumplimiento de sendas citaciones para Audiencia Verbal por presuntas irregularidades.

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@el_pilon

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Un concejal de Valledupar y una funcionaria de la Gobernación de Cesar deberán acudir mañana a la Procuraduría Regional en cumplimiento de sendas citaciones para Audiencia Verbal por presuntas irregularidades.
El primero de los citados es el concejal y segundo vicepresidente de esa corporación, Daniel Sierra Jiménez, quien deberá responder y presentar sus descargos mañana  a las 8:30 de la mañana, ante una inhabilidad en la que habría incurrido al hacerse elegir el pasado 30 de octubre, pese a estar incurso en esa situación al haber contratado con el Municipio de Valledupar con antigüedad inferior a un año. Según la información recopilada por la Procuraduría Regional, Sierra Jiménez contrató en el mes de julio de 2011 con la alcaldía de Valledupar, en su condición de representante legal de la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada, Asomap, para ofrecer capacitación teórico-práctica, durante cuatro meses, a jóvenes de escasos recursos de los barrios de la ciudad.

Con ese hecho Sierra Jiménez se habría inhabilitado al violar claras normas de las leyes 617 de 2000, 1474 de 2011 y 734 de 2002.

La Secretaria de Minas
El Ministerio Público también citó para mañana, pero a las 2:30 de la tarde, a la actual secretaria de Minas de Cesar, Margarita Córdoba Calderón, quien es investigada por haber otorgado licencia para la explotación de material de arrastre, gravilla y arena, a favor del señor Richard Mora Martínez. La licencia fue otorgada para que se explotara dicho material en un predio situado en la región Galambao, en jurisdicción de Valledupar, en la finca El Carmen.
Las hermanas Hinojosa Aguancha, propietarias de la finca, elevaron la queja ante la Procuraduría, motivadas a que la Secretaria de Minas no accedió a un Derecho de Petición que les presentaron relacionado con la explotación irregular del material de arrastre.
Córdoba Calderón habría infringido algunas normas que de comprobarse, la responsabilizarían de falta disciplinaria grave por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al autorizar la explotación sin el cumplimiento de los requisitos.

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