Por lo menos 16 de los 25 alcaldes del Cesar se quejaron ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos de lo que denominaron “maniobras extorsivas” por parte de exparamilitares vinculados a los procesos de Justicia y Paz, que les estarían exigiendo el pago de determinadas sumas de dinero para no mencionarlos en sus versiones como auxiliadores o miembros de dichas organizaciones al margen de la ley. Los Alcaldes amenazaron, incluso, con renunciar a sus cargos “si no se nos brindan las garantías en la protección de nuestros derechos”.
Dicen los mandatarios que esos señalamientos se referirían a hechos ocurridos antes de 2004 “n los cuales supuestamente recibimos de su colaboración para nuestro ejercicio político , así como en actividades como determinadores de conductas ilícitas actividades éstas que rechazamos de manera vehemente y pública, no obstante sí han provocado que aperturen investigaciones penales en nuestra contra”.
En una carta dirigida al Presidente de la República se quejan de que esas acciones han llevado a la Fiscalía a abrirles investigaciones, y en contraste no se les ha prestado atención a las quejas que ellos han elevado sobre ese comportamiento. En la misiva anotan que “Vemos con inmensa preocupación, como las declaraciones de éstas personas quienes ahora después de tantos años de manera sospechosa lo recuerdan todo, tenga eco en la Fiscalía General de la Nación y como consecuencia de ello se abran a diario, investigaciones penales en nuestra contra; en contraposición encontramos que las denuncias que fueron presentadas en pretéritas oportunidades por parte nuestra y en contra de éstas personas, permanecen sin movimiento alguno”.
