El pasado 10 de enero, en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede CDV, la activista transgénero Yuliana Ángel Sanabria publicó un fragmento de un vídeo en el que se ve al médico César Augusto Fajardo, presuntamente, agrediendo a la paciente. Días después, Fajardo compartió su versión de los hechos en redes sociales: “Cuando le pregunto a Julio desde cuándo comenzó su dolor, él solicita que no lo llame así, pidiendo que me dirija a él como Yuliana, ya que se autopercibe como una mujer. Su proceso de identificación se aproxima más a lo femenino. Sin embargo, como profesional de la salud, valoro la rigurosidad en los datos de una historia clínica. En este contexto de atención sanitaria, es crucial ser muy precisos”.
El médico respondió que no puede usar su nombre identitario ni llamarla según su identidad de género porque no puede preguntar por los resultados de laboratorio como Yuliana sino como Julio. “Por lo tanto, no puedo complacerlo en ese sentido y debo llamarlo como aparece en su documento de identidad y en el registro de su atención. Esto provoca una discusión, ya que él intenta defender su posición, pero no puedo extender demasiado este debate porque hay mucho trabajo por hacer. Así que opto por tomar distancia”.
La paciente continúa sin ser atendida y en sala de espera del HEAD. El médico culmina su vídeo planteando que las identidades de género son una “discusión filosófica compleja” y a él le pagan por resolver problemas de salud.
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La posición de MinIgualdad
En un comunicado del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, firmado por Charlotte Schneider Callejas, directora para las mujeres en Actividades Sexuales Pagas del viceministerio de las Mujeres, afirma: “El no reconocimiento de la identidad de género de una persona trans, es una práctica discriminatoria que aumenta las brechas de desigualdad que vive la población y que la expone a violencias letales”. Citando la sentencia T-363 de 2016, que habla del derecho a las personas a ser reconocidas y respetadas por su nombre identitario ante autoridades públicas y sociedad en general.
Así mismo, el comunicado asegura que Yuliana fue revictimizada por el funcionario, quien en el vídeo en el que hizo público días después continúa refiriéndose a la persona en masculino, por lo cual el viceministerio de las Mujeres rechaza “este hecho que es una muestra clara de discriminación”.
El caso de Yuliana no es aislado. En una reciente conversación con representantes de Caribe Afirmativo, se expusieron casos similares en el último año que evidencian la vulneración de derechos y la falta de atención digna hacia esta población, resaltando que el caso de hace unos días es el diario de toda la población transgénero de la ciudad y el departamento cuando necesitan ser atendidos en la red hospitalaria pública.
Situación actual en los centros de salud públicos
Los representantes de Caribe Afirmativo señalaron que, a pesar de los avances en derechos humanos, las personas trans y no binarias siguen enfrentando barreras en el acceso a servicios de salud en la red hospitalaria pública. “Hemos encontrado situaciones donde a las personas trans se les ha vulnerado su derecho a la identidad y a una atención digna y humanizada en los centros de salud”, afirmó Vanesa García, coordinadora territorial de la organización.
Uno de los casos mencionados por Beatriz Mejía, asesora jurídica de Caribe Afirmativo, fue el de un joven trans que buscaba iniciar su proceso de transición hormonal. “El médico endocrinólogo le negó el tratamiento, argumentando que “no iba a ponerle hormonas de hombre a un cuerpo femenino”, siendo esta la respuesta para la mayoría de atenciones que reciben personas transgénero en el departamento”, explicó la asesora.
Este tipo de conductas por parte del personal médico, va en contra de Circular Externa 2024150000000011-5 del 20 de septiembre de 2024, expedida por la Supersalud: “Por la cual se imparten instrucciones generales de inspección, vigilancia y control para la garantía del derecho a la salud de personas trans en Colombia”.
Dentro de lo que exige esa circular de la Supersalud se encuentra: “Adaptar formatos, registros y sistemas para que se tenga en cuenta el nombre identitario de las personas trans”, es decir, el personal médico y administrativo de los centros de salud deben llamar a la persona por su nombre identitario. Entre otras consideraciones que incluyen capacitación y sensibilización al personal de primera línea, obliga también a las entidades territoriales a verificar que todos los prestadores de servicios de salud de acuerdo con el nivel de complejidad garanticen la atención integral de las personas trans sin restricciones.
Normativa legal y derechos humanos
La Ley 1438 del 2011 establece normas claras sobre el derecho a la salud y prohíbe cualquier forma de discriminación. “El discurso sospechoso utilizado por muchos médicos (se refiere al negar la atención humanizada usando argumentos basados en la genética y la biología) refleja una falta de comprensión sobre la importancia del respeto a la identidad de género”, aseguró Mejía.
La Corte Constitucional ha reafirmado que la identidad de género es un derecho fundamental. “El libre desarrollo de la personalidad incluye el respeto por el nombre identitario y cómo cada persona desea ser tratada”, explicó la jurídica de Caribe Afirmativo. Sin embargo, esta normativa aún enfrenta resistencia en su implementación práctica dentro del sistema sanitario público.
¿Por qué la población transgénero maneja el nombre jurídico y nombre identitario en el Cesar?
Mejía aborda la compleja situación de las personas transgénero en el contexto del conflicto armado en el Cesar y su impacto en la identidad legal. “Muchos de ellos no se cambian su nombre jurídico a su nombre identitario porque fueron víctimas del conflicto armado. Al regresar a sus territorios, muchos esperan la indemnización de la Unidad de Víctimas. Si yo me llamo Beatriz y luego quiero cambiar mi nombre a Alberto, ¿cómo me indemnizan si el grupo dice que no conocen a ningún Alberto, solo a Beatriz?”, explica.
Mejía también destaca la importancia de reconocer las experiencias vividas por estas personas. “Es crucial que los formularios administrativos incluyan preguntas sobre si la persona es víctima del conflicto armado. Esto permitiría brindar una atención adecuada y comprender por qué pueden tener un nombre diferente en su cédula y en otros documentos”, señala.
¿Humanización en el sistema de salud vallenato?
En cuanto a las capacitaciones para el personal médico, Mejía indica que ha habido esfuerzos limitados por parte de las autoridades sanitarias. “La Secretaría de Salud Departamental ha buscado colaborar con Caribe Afirmativo para capacitar al personal, pero muchos médicos se resisten a participar”, comenta. Esto limita la posibilidad de mejorar la atención y sensibilización hacia las personas trans, por eso en el último año 10 personas transgénero del departamento han denunciado estos tratos en la organización.
Mejía compartió el caso de una joven trans que llegó al Hospital Rosario Pumarejo con lesiones graves, con sus órganos expuestos. “La chica llegó herida y necesitaba atención inmediata, pero el personal médico se negó a atenderla hasta que se realizara una prueba de VIH”, explicó Mejía. La joven había llegado sola, sin apoyo, lo que complicó aún más su situación. “Como no había nadie que pudiera firmar el consentimiento para la prueba, le dijeron que no podían atenderla”, añadió.
Ante esta situación crítica, Mejía y su equipo tuvieron que recurrir a contactos dentro de la Secretaría Departamental de Salud para intentar garantizar atención para la joven que no pudo ser atendida por el sistema de salud público. Al final, el único lugar donde encontraron trato humanizado y atención fue en una clínica privada de Valledupar.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
