El fiscal consideró que el funcionario debía ser retirado del cargo con la medida mientras avanzan en el proceso.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías cobijó con detención domiciliaria al concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero, investigado por presuntamente pedir dinero a cambio de avalar la compra de un inmueble en la corporación de ese municipio.
La decisión surgió en la finalización de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, y respondió a la solicitud que hizo la Fiscalía 12 seccional.
Esta se basó en el cargo de concejal que ostenta Hermes Romero y del que presuntamente se aprovechó para pedir $10 millones a cambio de aprobarle a la Alcaldía la compra de la casa.
“A pesar de saber que es un servidor público que se encuentra en funciones, a mediados del mes de noviembre del año 2022, siendo consciente de sus funciones se desplazó hasta la residencia de Carlos Mejía Corzo (hijo de la propietaria del inmueble) y lo constriñó“, aseguró el representante del ente acusador.
Por ese motivo, el fiscal consideró que el funcionario debía ser retirado del cargo con la medida mientras avanzan en el proceso.
El edil fue judicializado luego de presentarse de manera voluntaria a la Fiscalía con motivo a una orden de captura.
El fiscal consideró que el funcionario debía ser retirado del cargo con la medida mientras avanzan en el proceso.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías cobijó con detención domiciliaria al concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero, investigado por presuntamente pedir dinero a cambio de avalar la compra de un inmueble en la corporación de ese municipio.
La decisión surgió en la finalización de las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, y respondió a la solicitud que hizo la Fiscalía 12 seccional.
Esta se basó en el cargo de concejal que ostenta Hermes Romero y del que presuntamente se aprovechó para pedir $10 millones a cambio de aprobarle a la Alcaldía la compra de la casa.
“A pesar de saber que es un servidor público que se encuentra en funciones, a mediados del mes de noviembre del año 2022, siendo consciente de sus funciones se desplazó hasta la residencia de Carlos Mejía Corzo (hijo de la propietaria del inmueble) y lo constriñó“, aseguró el representante del ente acusador.
Por ese motivo, el fiscal consideró que el funcionario debía ser retirado del cargo con la medida mientras avanzan en el proceso.
El edil fue judicializado luego de presentarse de manera voluntaria a la Fiscalía con motivo a una orden de captura.