En el comando de la Policía de La Guajira se entregó en la mañana del domingo la exgobernadora de ese departamento, Oneida Pinto Pérez, investigada por presuntas irregularidades en un contrato de una construcción de adoquines en vías del municipio de Albania.

La exmandataria se presentó en compañía de la Defensoría del Pueblo para cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el 5 de julio de 2019.

Su entrega se produce precisamente a los pocos días que la Fiscalía anunciara que el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Riohacha ordenó que se prolongara por un año más la orden de captura en contra de la exgobernadora.

Los hechos responden a una investigación en su contra por las irregularidades detectadas en contratos de obras para el periodo 2010-2011 en el municipio de Albania.

Según la Fiscalía, la exmandataria creó la Fundación Princesa Negra para la auditoría de un contrato que tenía como objeto colocar adoquines en unas vías por un valor de más de $12.000 millones y en el cual se presentó un detrimento patrimonial de unos $5.981’965.192.

“A través de las indagaciones se evidenció que la selección del contratista era amañada y que lo buscado era apalancar la campaña electoral de la señora Pinto a la alcaldía de Albania, mediante la supuesta contratación de cerca de 2.000 personas, que se encargarían de las obras, y quienes habrían recibido pagos sin haber laborado. Al parecer, los supuestos trabajadores ingresaban al programa con el compromiso del respaldo político hacia Pinto”, explicó la Fiscalía.

Sin embargo, la exgobernadora Pinto Pérez tiene otras cuentas pendientes con la justicia por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Un proceso corresponde a la mortalidad infantil en el vecino departamento, por presuntamente celebrar un convenio interadministrativo con el hospital San Rafael de Albania orientado a reducir los índices de mortalidad en niños y en el cual también se presentó un aparente detrimento.

La Fiscalía señaló que el valor del convenio ascendió a más de $ 18.900 millones y se evidenció una pérdida de recursos por el orden de los casi $7 mil millones.