El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular presentada por el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, con la que se busca revisar la legalidad del traslado de la ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto a la ciudad de Cali. Aunque la demanda fue aceptada para su trámite, la corporación aún no ha tomado una decisión de fondo sobre las pretensiones ni sobre la medida cautelar urgente solicitada por el accionante.
La acción judicial sostiene que el cambio excepcional de la sede del Congreso para realizar el acto de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, podría poner en riesgo derechos e intereses colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la legalidad del gasto y las garantías mínimas de control ciudadano. En el documento se aclara que el propósito no es impedir la posesión presidencial, sino verificar que el traslado cumpla con todos los requisitos jurídicos, presupuestales, logísticos y de seguridad.
