El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró a Noticias Caracol que el delito principal por el que podrían ser juzgados los civiles que portaban armas en las protestas sucedidas en Cali sería el de usurpación de funciones públicas, además de la creación de temor en la sociedad y terrorismo.
“Así lo hicimos a dos menores, quienes fueron capturados y a quienes se les imputó terrorismo y un juez de control de garantías aceptó la imputación. ¿Por qué? Porque es que no se puede aceptar en Colombia que haya civiles que les disparen a otros en una manifestación”, aseguró Barbosa.
Por otro lado, añadió que los policías que no actuaron al presentarse la situación podrían ser acusados de prevaricato por omisión y, estos, no solo serían juzgados por la Justicia Penal Militar, sino también por la justicia ordinaria
