Los hechos demostraron la equivocación y ligereza en que incurrió el presidente Petro al lanzar el 16 de diciembre de 2022 en El Tarra, ante la Asamblea de organizaciones cocaleras del país, una “nueva política de sustitución” que permitió que los campesinos mantuvieran sus cultivos de coca en paralelo con otros cultivos, hasta que estos últimos les garantizaran sustento.
Con este anuncio, que recibió en ese instante aplausos y vítores, el actual gobierno terminó la tarea, iniciada por el gobierno de Duque, de echar por tierra y acabar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS– pactado en el punto 4º del Acuerdo de Paz de La Habana.
La idea de la “gradualidad” en la erradicación y sustitución de cultivos fue debatida en La Habana. Se consideró que mantener y consentir cultivos de coca mientras se busca su sustitución implica para el Estado permitir y tolerar la presencia en los territorios y “a sus anchas” de las redes armadas del narcotráfico comprando la coca, con sus negocios y accionar delincuencial, mientras ese mismo Estado y los campesinos intentan desarrollar otras nuevas producciones. Era claro que la erradicación voluntaria debía de ser “de un solo tajo y de raíz” y que la sustitución por otros cultivos tomaba tiempo, era progresiva y requería de más recursos y de mucho acompañamiento.
