Las actividades del comercio son el tercer renglón de la economía del Cesar, sin embargo, el empresario refiere que predomina la informalidad en el departamento y que la carga le quedaría a la minoría formal de Valledupar.
Esta semana, el empresario y presidente de la junta directiva de la Federación de Comerciantes (Fenalco) en el departamento del Cesar, Ricardo Reyes, publicó una columna de opinión en diario EL PILÓN titulada ‘El error de cargar al sector comercio con más impuestos’, en la cual expone su desacuerdo con el pago de la ‘tasa de seguridad’ que pretende implementar la Gobernación del Cesar.
“En el Cesar vivimos una realidad difícil: altos índices de desempleo, informalidad y baja competitividad y pobreza creciente. En este contexto, proponer nuevos impuestos para financiar la seguridad es no solo injusto, sino también ineficiente. Las pocas empresas formales que aún subsisten en la región ya soportan una enorme carga, y seguir añadiendo más tributos es un golpe que no podemos permitirnos”, escribió Reyes.
El proyecto, presentado por la Gobernación del Cesar ante Asamblea, plantea que los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 tendrían que pagar un 9 % más en el recibo de la energía eléctrica, mientras que los usuarios comerciales e industriales un 10 %, recursos que irían destinados al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana que, según la administración, no tienen el dinero suficiente para financiar la dotación de la fuerza pública y las inversiones en tecnología.
Lea: El error de cargar al sector comercio con más impuestos
Sin embargo, Reyes considera que “utilizar la excusa de la falta de recursos de la fuerza pública para justificar sus bajos niveles de efectividad es erróneo. Lo que realmente se necesita es voluntad y mejor gestión pública, no más impuestos”, precisó.
Reyes continuó argumentando que la mayor parte del comercio formal se concentra en Valledupar por la infraestructura, mientras que el resto del departamento depende más de actividades informales, por ende, “con el nuevo impuesto, el peso de financiar la seguridad de todo el departamento recaería desproporcionadamente” sobre los comerciantes de Valledupar.
Esto afectaría, desde su punto de vista, la competitividad del mercado, el cual ha venido mejorando poco a poco, de acuerdo con el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2024, presentado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario.
Lea: “El Estatuto Tributario de Valledupar es poco competitivo”: nuevo presidente de Fenalco-Cesar
En esta medición, el ítem ‘Tamaño del mercado externo’ tuvo un puntaje de 8,57 sobre 10 teniendo en cuenta la variada oferta de servicios relacionados con los alimentos, construcción, reparación de automóviles y accesorios, y, sobre todo, atención en salud.
Pero la tasa de informalidad supera el 60 % de la economía, manifestó Reyes: “Si imponemos nuevos impuestos sobre las pocas empresas formales que existen, lo que lograremos será agravar aún más la informalidad. Las empresas formales, ante esta nueva carga, no tendrán más opción que reducir sus costos mediante despidos, o en el peor de los casos, cerrar sus operaciones”.
Por Redacción / EL PILÓN
Las actividades del comercio son el tercer renglón de la economía del Cesar, sin embargo, el empresario refiere que predomina la informalidad en el departamento y que la carga le quedaría a la minoría formal de Valledupar.
Esta semana, el empresario y presidente de la junta directiva de la Federación de Comerciantes (Fenalco) en el departamento del Cesar, Ricardo Reyes, publicó una columna de opinión en diario EL PILÓN titulada ‘El error de cargar al sector comercio con más impuestos’, en la cual expone su desacuerdo con el pago de la ‘tasa de seguridad’ que pretende implementar la Gobernación del Cesar.
“En el Cesar vivimos una realidad difícil: altos índices de desempleo, informalidad y baja competitividad y pobreza creciente. En este contexto, proponer nuevos impuestos para financiar la seguridad es no solo injusto, sino también ineficiente. Las pocas empresas formales que aún subsisten en la región ya soportan una enorme carga, y seguir añadiendo más tributos es un golpe que no podemos permitirnos”, escribió Reyes.
El proyecto, presentado por la Gobernación del Cesar ante Asamblea, plantea que los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 tendrían que pagar un 9 % más en el recibo de la energía eléctrica, mientras que los usuarios comerciales e industriales un 10 %, recursos que irían destinados al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana que, según la administración, no tienen el dinero suficiente para financiar la dotación de la fuerza pública y las inversiones en tecnología.
Lea: El error de cargar al sector comercio con más impuestos
Sin embargo, Reyes considera que “utilizar la excusa de la falta de recursos de la fuerza pública para justificar sus bajos niveles de efectividad es erróneo. Lo que realmente se necesita es voluntad y mejor gestión pública, no más impuestos”, precisó.
Reyes continuó argumentando que la mayor parte del comercio formal se concentra en Valledupar por la infraestructura, mientras que el resto del departamento depende más de actividades informales, por ende, “con el nuevo impuesto, el peso de financiar la seguridad de todo el departamento recaería desproporcionadamente” sobre los comerciantes de Valledupar.
Esto afectaría, desde su punto de vista, la competitividad del mercado, el cual ha venido mejorando poco a poco, de acuerdo con el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2024, presentado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario.
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En esta medición, el ítem ‘Tamaño del mercado externo’ tuvo un puntaje de 8,57 sobre 10 teniendo en cuenta la variada oferta de servicios relacionados con los alimentos, construcción, reparación de automóviles y accesorios, y, sobre todo, atención en salud.
Pero la tasa de informalidad supera el 60 % de la economía, manifestó Reyes: “Si imponemos nuevos impuestos sobre las pocas empresas formales que existen, lo que lograremos será agravar aún más la informalidad. Las empresas formales, ante esta nueva carga, no tendrán más opción que reducir sus costos mediante despidos, o en el peor de los casos, cerrar sus operaciones”.
Por Redacción / EL PILÓN