La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela que interpuso un ciudadano sobre la sentencia que tiene privado de la libertad al gobernador(r) del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante en Valledupar.

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El Supremo consideró que la acción jurídica carecía de legitimación, pues pretendía dejar sin efectos la condena de 61 meses y 16 días de prisión, emitida en primera instancia por la Sala Penal.

Esta acción de tutela se suma a la estrategia que estarían utilizando personas afines a los dirigentes políticos, tal como sucedió en el caso del expresidente Álvaro Uribe, donde fueron rechazadas más de 100 tutelas luego que le fuera impuesta una medida de aseguramiento domiciliaria por el proceso de compra de testigos.

¿SIRVEN LAS TUTELAS PARA REFUTAR SENTENCIAS?

El abogado penalista Benjamín Jaimes Quintero explicó que las tutelas sí son un mecanismo de acción contra las sentencias judiciales pero que proceden en circunstancias específicas y que estén plenamente ejecutoriadas.

“Procede cuando haya una violación manifiesta de principios constitucionales por un grave error de interpretación pero no quiere decir que sean tenidas en cuenta solo las consideraciones del accionante del trámite, porque se podría convertir en un simple alegato de la decisión de fondo. La tutela sí tiene un carácter excepcional sobre las sentencias“, manifestó el profesional del Derecho Penal consultado por EL PILÓN.

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Agregó también que en estos casos el recurso debe provenir de personas que están relacionadas directamente con el proceso porque de lo contrario carecería de legitimación para reclamar derechos fundamentales del procesado.

EL MANDATARIO

El gobernador (r), Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se encuentra privado de la libertad en su lugar de residencia desde finales del mes de julio que fue declarado culpable de corrupción al sufragante.

Aunque todavía está pendiente que sea resuelto un recurso de apelación, por decisión de la justicia fue retirado del cargo y le impusieron una multa de 301.58 salarios mínimos legales vigentes para la época de la posible comisión de la conducta.

Los hechos investigados sucedieron en el año 2011. Según la Fiscalía, Luis Alberto Monsalvo, en condición de candidato, realizó actividades proselitistas de manera irregular en la invasión Tierra Prometida de Valledupar con el fin de alzarse como gobernador entre el periodo 2012-2015.

Para estos fines presuntamente el dirigente político firmó el 16 de octubre de 2011 actas de compromisos con los líderes comunitarios con el objeto de que votaran por él a cambio de ‘dejarlos quietos’ en los predios privados invadidos.

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Pese a que Monsalvo alega que fue un acto de buena fe para la justicia fue claro que se trató de una “dádiva específica a cambio de votos” con poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Es así que el gobernador retirado está a la espera que sea resuelto el recurso de apelación que interpuso su defensa para que la decisión sea revisada en segunda instancia y así tener la oportunidad de que sea revocada o confirmada.