El proyecto de vía Valledupar – La Paz ha despertado el interés de habitantes de ambos municipios del área metropolitana que avanzan en esfuerzos por ver consolidada la carretera. Edgardo Maya, en su momento, fue protagonista de un capítulo de esta historia. Habló con EL PILÓN.
¿Cuál es la razón para decir que usted se opone a que la vía Valledupar – La Paz se construya en predios de su propiedad?
La respuesta a esta pregunta y a otras que vendrán, queridos periodistas, nos las ahorraríamos si ustedes transcribieran nuevamente la carta que en julio de 2013 envié a la editora de este diario.
Pero aprovecho su pregunta para reafirmarme en lo dicho en esa oportunidad como respuesta a las infames sindicaciones que de manera irresponsable han venido reiterándose. Comienzo por decirle que yo no tengo propiedad alguna ni rural ni urbana en el municipio de La Paz y que nunca he hecho ni haré una manifestación pública o privada en contra del propósito de construir esta importante vía que ya cumple 42 años de haber sido propuesta.
Recuerdo que en 1978 se posesionaba como Gobernador del Cesar el Senador José Guillermo Castro, quien públicamente manifestó su objetivo de construir la que el denominó en ese momento la recta Valledupar- La Paz.
Ya en su condición de gobernador ordenó el trazado de la vía y luego al dejar el cargo de la Gobernación y ocupar el de senador, consiguió la construcciónón del puente sobre el río Cesar la que contrató el Ministerio de Obras Públicas con la firma HB Estructuras Metálicas, esto hace ya 39 años.
Ese contrato se ejecutó en predios de propiedad de mi señora madre, quien otorgó el permiso tanto para la obra que duró 2 años como para la instalación de campamentos de obreros y materiales, sin recibir retribución alguna por esta ocupación, pues no había habido el pago del Ministerio de bra por la ocupación de los terrenos en donde desarrollaría la vía.
¿Pero la información que existe es que usted recibió en el año de 1983 por parte del Ministerio de Obras Públicas el pago por la ocupación de los terrenos por los cuales se construiría esta vía?
Esa afirmación es cierta y en la nota que a EL PILÓN le envié en julio de 2013 lo acepté claramente. Lo hice por autorización escrita otorgada por mi madre en su condición de propietaria, la cual reposa en los archivos oficiales de acuerdo con la Resolución No. 5527 del 28 de junio de 1983, que tengo en mi poder, por la cuantía que fue fijada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entidad competente sin hacerle objeción alguna.
En igual forma se procedió a pagar sumas de dinero por la ocupación permanente en otros predios ubicados entre La Paz y el río Cesar debido a que era inminente la iniciación de la construcción de la vía por parte del Ministerio de Obras Públicas a través del Distrito de Carreteras de Valledupar.
Nunca llegaron los recursos para terminar de indemnizar a los propietarios de los predios necesarios para la construcción del tramo hacia la ciudad de Valledupar y mucho menos para la construcción de la obra. Solo hasta el año 2003, veinte años después, el gobernador encargado del Cesar, Guillermo Castro Daza, suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Vías para que le cediera los terrenos a la Gobernación e iniciar el proceso de contratación para la construcción de esta vía.
¿Precisamente esa ha sido una de las versiones, que en la Gobernación de Guillermo Castro Daza usted como Procurador General se opuso a la construcción de la obra?
El Presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, encargó al señor Guillermo Castro como Gobernador del Cesar, debido a que el doctor Rafael Bolaños fue suspendido por 90 días, prorrogados por 90 más y finalmente destituido en septiembre por la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario adelantado contra él. Es así como el señor Castro Daza continuó como gobernador hasta el final del periodo, esto es a diciembre de 2003.
En ese contexto, el gobernador Castro Daza manifestó su intención de construir la vía con recursos del departamento. A mi despacho llegó una queja suscrita por más de 20 ingenieros en su condición de miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Capítulo Valledupar, los cuales formularon serios interrogantes sobre la improvisación, premura e inconveniencia de esta obra ante otras apremiantes necesidades de los habitantes del Cesar, así como que la misma debía ejecutarse con recursos del orden nacional. En igual sentido se manifestó el Senador de la República Mauricio Pimiento quien coincidió en que la obra debía ejecutarse con recursos de la Nación.
Debido a que los propietarios de los predios comprometidos en la ejecución de la vía eran, entre otros, familiares míos, declaré públicamente mi impedimento ante un eventual conflicto de interés, de manera que se designó para los efectos al Viceprocurador General, Carlos Arturo Gómez Pavajeau para que adelantara las diligencias pertinentes, tal como lo registró el Diario El Pilón, en su edición del viernes 12 de septiembre de 2003.
El Viceprocurador integró una comisión con el propósito de revisar el Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento, el origen de los recursos, el tema de la adquisición de la totalidad de los predios, el otorgamiento de las licencias ambientales, en fin, todas las exigencias para la contratación y ejecución de la vía de acuerdo con el ordenamiento legal.
De manera que en últimas no fue posible realizar las obras debido a que la Gobernación no superó las exigencias legales del momento.
Si esa vía se hubiese construido, inmediatamente el discurso de mis enemigos personales y políticos, sería que el Procurador había destituido al gobernador e impuesto a su sucesor, pues el Gobierno de Álvaro Uribe me solicitó opinión sobre la persona de Guillermo Castro Daza de quien manifesté el alto concepto que tengo de él, de ello es testigo presencial el exsenador Mauricio Pimiento y, lo había puesto a construir una vía que valorizaba con creces los predios de mis familiares, como se acusó en el pasado, con la vía del predio la Libertad en los Llanos Orientales, a la familia presidencial, en el Gobierno de López Michelsen.
¿Otra de las inquietudes ciudadanas tiene que ver con la entrega de los predios cuyos pagos fueron realizados por el Ministerio del Transporte?
En relación con esta pregunta, no existe duda alguna que se canceló el valor de la ocupación de esos predios para la construcción de la vía, así consta en la nota que le envié a este diario en julio de 2013.
Tampoco que a pesar del transcurso del tiempo y de no existir escritura pública ni registro de esa transacción en la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar que limite el dominio de sus propietarios, todos, sin excepción alguna, de quienes recibieron esos dineros, incluso algunos ya lamentablemente fallecidos pero de acuerdo por lo manifestado por sus descendientes -por tratarse de personas honorables-, tienen la total disposición de hacer entrega inmediata y sin vacilación alguna de esos predios a la firma que sea seleccionada por la entidad pública que sea seleccionada para adelantar el proceso de contratación, a pesar de que a la fecha han transcurrido 37 años. Lo cual quiere decir que no existe ánimo ni propósito de obstaculizar su realización ni deseo de litigiosidad alguna.
¿Finalmente, un Vallenato como usted con su trayectoria y experiencia qué recomendaría para lograr la realización de esta importante obra?
Que se construya en forma inmediata esta vía a la cual nadie se opone por el progreso que traerá para esta zona del Cesar. Y que se tenga en cuenta para ello la sensata y seria respuesta que dio el actual alcalde de Valledupar a una pregunta que le formularon en este diario el pasado 14 de enero con respecto a este tema la que resumo así: buscar su financiación, el acuerdo con los gobiernos departamental y nacional, y que el municipio de Valledupar no tiene la capacidad financiera para hacerla solo.