El mandatario estaba privado de la libertad en su lugar de residencia pero ahora al quedar sin efectos jurídicos la condena podrá continuar con las riendas del Cesar.
La vida política de Luis Alberto Monsalvo Gnecco tuvo un revés histórico la tarde del miércoles. El mandatario fue absuelto en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante, cambiando el panorama político del departamento de Cesar.
Lee también: “Estoy convencido de que hice lo correcto”: Luis Alberto Monsalvo
En cuestión de meses los magistrados de la Corte evaluaron la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia de la misma corporación y decidieron revocar la condena en su contra de 61 meses y 16 días de prisión que le habían impuesto por aparentemente alzarse como gobernador del Cesar en el 2011 a partir de actos de corrupción en las invasiones de Valledupar.
La revisión del fallo correspondió a un recurso de apelación que había interpuesto el abogado defensor, Alejandro Sánchez, por la sentencia proferida en una audiencia celebrada el 27 de julio.
Para el tribunal de primera instancia era claro que el mandatario ganó las elecciones del 2011 “por una dádiva específica a cambio de votos”, que se habría materializado con un pacto que suscribió con los habitantes de la invasión de Tierra Prometida, bajo la premisa de “mantenerlos quietos” en esos predios de propiedad privada una vez fuera elegido como gobernador.
Por eso, el presidente Iván Duque suspendió del cargo a Monsalvo Gnecco y había designado al secretario de Agricultura departamental, Wilson Solano, como encargado.
No dejes de leer: Panorama político por la condena del gobernador Monsalvo
Pero ahora, en la actual providencia, la Corte consideró que los compromisos que un candidato hace con la comunidad a cambio de su voto no pueden ser tenidos literalmente en cuenta como transgresión a la norma.
“No toda promesa atenta contra el bien jurídico protegido, ni es reprochable a través del derecho penal. Menos aquellas que tienden a buscar soluciones a los complejos escenarios, derivados de problemas sociales, como lo ha sido históricamente la violencia que ha aquejado amplios territorios de la geografía colombiana”, reza la sentencia de segunda instancia.
La mayoría de los magistrados estuvieron de acuerdo con la determinación a excepción de dos que presentaron salvamento de voto.
Así las cosas, Luis Alberto Monsalvo podrá recobrar su puesto como gobernador de los cesarenses para culminar su periodo administrativo hasta el 2023, cargo para el que fue elegido con más de 272.009 votos frente a la candidata por el partido Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, que sacó 95.948 votos.
Lo anterior porque también quedó sin fundamento jurídico la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de la multa de 301.58 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.
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Monsalvo Gnecco estaba privado de la libertad en su lugar de residencia dado que en la primera decisión obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.
“Para nosotros esto nunca debió haber llegado a segunda instancia porque inicialmente debió ser cerrado a favor de Luis Alberto Monsalvo, pero esta vez la justicia nos dio la razón. Él jamás cometió un delito ni intentó corromper la comunidad, sus intereses fueron nobles, leales y sinceros por el bienestar de la comunidad”, aseveró Alejandro Sánchez, abogado del gobernador.
El mandatario estaba privado de la libertad en su lugar de residencia pero ahora al quedar sin efectos jurídicos la condena podrá continuar con las riendas del Cesar.
La vida política de Luis Alberto Monsalvo Gnecco tuvo un revés histórico la tarde del miércoles. El mandatario fue absuelto en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante, cambiando el panorama político del departamento de Cesar.
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En cuestión de meses los magistrados de la Corte evaluaron la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia de la misma corporación y decidieron revocar la condena en su contra de 61 meses y 16 días de prisión que le habían impuesto por aparentemente alzarse como gobernador del Cesar en el 2011 a partir de actos de corrupción en las invasiones de Valledupar.
La revisión del fallo correspondió a un recurso de apelación que había interpuesto el abogado defensor, Alejandro Sánchez, por la sentencia proferida en una audiencia celebrada el 27 de julio.
Para el tribunal de primera instancia era claro que el mandatario ganó las elecciones del 2011 “por una dádiva específica a cambio de votos”, que se habría materializado con un pacto que suscribió con los habitantes de la invasión de Tierra Prometida, bajo la premisa de “mantenerlos quietos” en esos predios de propiedad privada una vez fuera elegido como gobernador.
Por eso, el presidente Iván Duque suspendió del cargo a Monsalvo Gnecco y había designado al secretario de Agricultura departamental, Wilson Solano, como encargado.
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Pero ahora, en la actual providencia, la Corte consideró que los compromisos que un candidato hace con la comunidad a cambio de su voto no pueden ser tenidos literalmente en cuenta como transgresión a la norma.
“No toda promesa atenta contra el bien jurídico protegido, ni es reprochable a través del derecho penal. Menos aquellas que tienden a buscar soluciones a los complejos escenarios, derivados de problemas sociales, como lo ha sido históricamente la violencia que ha aquejado amplios territorios de la geografía colombiana”, reza la sentencia de segunda instancia.
La mayoría de los magistrados estuvieron de acuerdo con la determinación a excepción de dos que presentaron salvamento de voto.
Así las cosas, Luis Alberto Monsalvo podrá recobrar su puesto como gobernador de los cesarenses para culminar su periodo administrativo hasta el 2023, cargo para el que fue elegido con más de 272.009 votos frente a la candidata por el partido Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, que sacó 95.948 votos.
Lo anterior porque también quedó sin fundamento jurídico la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de la multa de 301.58 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.
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Monsalvo Gnecco estaba privado de la libertad en su lugar de residencia dado que en la primera decisión obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.
“Para nosotros esto nunca debió haber llegado a segunda instancia porque inicialmente debió ser cerrado a favor de Luis Alberto Monsalvo, pero esta vez la justicia nos dio la razón. Él jamás cometió un delito ni intentó corromper la comunidad, sus intereses fueron nobles, leales y sinceros por el bienestar de la comunidad”, aseveró Alejandro Sánchez, abogado del gobernador.