En la mayoría de semáforos de Valledupar se perciben venezolanos haciendo acrobacias, bailando, limpiando vidrios, vendiendo dulces, caminando con carteles y bebés en brazos pidiendo dinero a los conductores y transeúntes. Aunque las autoridades ejercen medidas para contrarrestar esta situación, que se agudizó con la crisis del vecino país, la problemática de migración venezolana persiste afectando ciertas áreas de la sociedad.

Según un informe emitido por el Departamento de Policía Cesar, se tiene identificado que la población venezolana asentada en el departamento se dedica a las siguientes actividades: ventas ambulantes, en un 30 %; limpiavidrios y mendicidad, en un 20 %; peluquería y barbería, en un 15 %, prostitución, en un 15 %, auxiliar de construcción, en un 10 %, mototaxismo, en un 5 %; servicio doméstico, en un 3 %, y agricultura, en un 2 %.

Lo preocupante es que algunos venezolanos llegan a la región a delinquir, perturbando el orden público. El comandante Operativo de la Policía Cesar, teniente coronel, Freddy Delgado, informó que llevan alrededor de 120 capturados de origen venezolano por diferentes delitos: hurto a personas, hurto a comercio y porte de armas de fuego.

“La recomendación que se le da, independientemente que sea venezolano o no, es acatar la norma y cumplir las leyes. El que comete un delito hay que capturarlo y dejarlo a disposición de las autoridades. Aunque no tenemos concentraciones grandes como en otras ciudades, sí tenemos puntos evidentes donde esta población -sin la documentación requerida- pide plata como en semáforos, por lo que se hace el contacto con Migración para que los deporten”, acotó.

Por su parte, el coronel Mauricio Pedraza, comandante de la Policía Cesar, comentó respecto a la influencia de los venezolanos en la inseguridad de la ciudad que “infortunadamente de cada 10 casos de hurto que se presentan en Valledupar, en 9 están involucrados venezolanos”.

Se ha identificado que muchos de los venezolanos estarían adquiriendo tarjetas migratorias falsas para permanecer en el departamento, que hay una posible presencia de delincuentes buscados en Venezuela, y que particulares venezolanos están siendo utilizados para actividades de narcotráfico; es decir, están transportando alcaloides hacia La Guajira, Bolívar y Magdalena.

La esfera de salud también se ve trastornada con una nueva población, lo cual es evidente en la atención cercana de 500 a 700 personas venezolanas al mes en las diferentes sedes del Hospital Eduardo Arredondo Daza, HEAD. Según el subdirector científico de esta entidad, Jhony Rojas Rangel, a la población venezolana se le brinda la atención inicial de urgencias, la atención a las mujeres embarazadas y a los niños menores de cinco años, para lo cual es necesario que porten su documentación como cédula de extranjería, o la afiliación al Sisbén.

“Es alta la cifra de venezolanos que atendemos. A veces nos ha tocado desplazar la atención de colombianos para brindarles atención a ellos; nos ha tocado reforzar urgencias y consultas externas para poder atender a la población venezolana. No ha sido fácil la atención de pacientes que requieren atención de mediana complejidad, puesto que nunca hay camas y a veces toca quedarse con el paciente tres o cuatro días a la espera de una cama”, aseguró el funcionario.

Según información de la Secretaría de Salud Departamental, el Hospital Rosario Pumarejo de López lleva facturado más de $8.500 millones en atención a ciudadanos venezolanos; la cifra total de todos los hospitales públicos del departamento asciende los $12.000 millones, un valor elevado que no está siendo asumido por el Gobierno Nacional y que pone ‘en jaque’ el futuro de los prestadores públicos. Esta es una situación que no estaba contemplada en el presupuesto del sector salud en el departamento.

“Hoy la atención a pacientes venezolanos la está asumiendo el departamento, sin que haya alguien que diga aquí esta este recurso”, señaló el secretario de Salud departamental, Nicolás Muhrez, añadiendo que “si la situación continua sin que haya una solución por parte del Gobierno Nacional, el cual tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para la atención a venezolanos, el Hospital Rosario Pumarejo de López podría llegar a la quiebra al cabo de unos meses”.

El área de la educación también padece sobrecarga ante la presencia de venezolanos. Este año la Secretaría de Educación Municipal ha emitido cartas para validación a 1.300 estudiantes que vienen de Venezuela a las diferentes instituciones.

El secretario de Educación, Luis Carlos Matute, aseguró: “Hemos aperturado dos oficinas donde atendemos a aquellas personas que vienen del vecino país requiriendo el servicio de educación para sus niños; allí le brindamos toda la asesoría y documentación que debe presentar, les escuchamos sus inquietudes y lo remitimos a las instituciones educativas.

Hemos sido una administración que apertura la posibilidad de que los niños se atendieran independientemente de hijos de padres venezolanos o de hijos de colombianos que tenían tiempo de estar en Venezuela”.

Acotó que este año están registrados 1.600 estudiantes venezolanos, mientras que el año pasado ingresaron 640 que se direccionaron a las diferentes instituciones educativas.

“Seguiremos prestos una vez se aperturen las matriculas del 2019 adelantar este proceso a finales de octubre y principios de noviembre, ver los cupos que nos quedan y redireccionarlos a las diferentes instituciones educativas”, señaló Matute, agregando que como requisitos solicitan: la documentación de padres de familia y del niño, así como el boletín o informe académico para definir su estado y direccionar hacia qué grado se debe direccionar.

En la capital de Cesar, la tasa de informalidad laboral es del 56.7 %, según el Departamento Nacional de Estadísticas, Dane; es decir que de cada 100 trabajadores que hay en la capital del Cesar, 56 se dedican a actividades informales. En el marco de la informalidad, donde las personas trabajan por cuenta propia existen actividades de baja productividad, en la denominada economía del ‘rebusque’; la situación se ha incrementado en los últimos meses con la llegada masiva de venezolanos, engrosando las cifras de la desocupación.

MEDIDAS DE CONTROL

El director de Migración en el Cesar y La Guajira, Miguel Romo, aseguró que ejercen algunas medidas para contrarrestar el fenómeno migratorio. Una de ellas fue la creación del grupo GEM (Grupo Especial Migratorio), del cual hace parte la Policía, Ejército, ICBF, DIAN y Migración Colombia, donde trabajan articuladamente con los entes territoriales, haciendo operativos de recuperación de espacio público, visita de sitios de lenocinios y establecimientos nocturnos, así como en controles viales con la Fuerza Pública.

“Cuando la persona manifiesta que se quiere ir para su territorio los llevamos a Paraguachón (sitio limítrofe entre Colombia y Venezuela vía La Guajira) en una buseta que nos donó la Gobernación del Cesar, respetando los derechos humanos, con todas las garantías que representan. Si un extranjero representa un riesgo para la comunidad se expulsa del territorio, lo que le significa 5 años sin poder ingresar nuevamente al país; si por ejemplo perturba el espacio público sin documentación se deporta, lo que le significa 6 meses sin poder ingresar al país”, explicó

Romo recalcó: “Somos amigos de los extranjeros, lo único que le pedimos es que venga legalmente al país. El problema para Migración Colombia son las personas que llegan de manera irregular. Nosotros hemos expedido la tarjeta fronteriza y el permiso especial de permanencia”.

Por su parte, el director territorial del Ministerio del Trabajo, Jorge Luis Arzuaga, expresó: “Nosotros nos encargamos de a labor de vigilancia, inspección y control a todos los empresarios, bien sean públicos o privados. En la medida que encontremos venezolanos irregulares desarrollando labores a favor de un empleador, el procedimiento es iniciar acciones contra el empleador tendiente a sancionarlo por incumplimiento de la normatividad laboral porque para que un venezolano pueda prestar sus servicios en el territorio nacional debe contar con los permisos especiales de permanencia que le permitan trabajar. Seguidamente le compulsamos copias a Migración Colombia para que haga lo de su competencia para la deportación o regulación del extranjero”.