El arquitecto Alberto Gutiérrez Pineda es el coordinador de la veeduría ciudadana del contrato entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad del Magdalena, cuyo objetivo es hacer la revisión parcial y modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.

De este grupo de vigilancia hace parte la Fundación Universitaria del Área Andina, la Cámara de Comercio de Valledupar, la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Arquitectos en el Cesar, el Foro Ambiental del departamento, entre otros actores.

EL PILÓN dialogó con Gutiérrez, especialista en administración de obras civiles, sobre esa revisión que la citada institución educativa está haciendo al POT del municipio, proceso que deberá terminar el 31 de marzo, de acuerdo con el plazo del contrato.

¿Qué es y cuáles son los componentes de un Plan de Ordenamiento Territorial?

El POT es un documento de política pública de carácter municipal. Algunos de los componentes son el documento técnico de soporte, uno general, urbano y rural, así como para los programas y proyectos, instrumento de gestión y financiación, el programa de ejecución y la cartografía. También debe estar el proyecto de acuerdo del Concejo Municipal, un resumen técnico y didáctico de los problemas encontrados y las soluciones propuestas, todo eso basado en un diagnóstico.

La Ley 388 de 1997 habla que el ordenamiento se hace siguiendo tres principios básicos: prevalencia del interés general sobre el particular, eso quiere decir que no se puede privilegiar ningún grupo específico, primero lo público por encima de los intereses particulares.

Segundo, es la función social y ecológica de la propiedad, es decir, ninguno de los terrenos que están dentro del POT están exentos de cumplir esas funciones. El tercero es la distribución equitativa de cargas y beneficios, esto se refiere a que el Estado no regala intervenciones, sino que se distribuye lo que es patrimonio público. Cualquier intervención que pueda terminar en enriquecimiento a favor de terceros hay que eliminarla en el Plan, por eso surge la figura de plusvalía y valorización.

Pero estos planes de ordenamiento no son solo a nivel municipal, ¿cómo se articula la organización del territorio cesarense y el resto de la nación?

Valledupar tiene Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta que lo administra Parques Nacionales y la reserva forestal de Ley Segunda de 1959 que está a cargo del Ministerio de Ambiente. También tenemos resguardos indígenas que está relacionado directamente con el Ministerio del Interior, la Ruta del Sol también es un ejemplo claro porque interviene la nación en el territorio.

La Ley orgánica de ordenamiento, desde el 2011, le dio la potestad a los departamentos de formular sus propios planes de ordenamiento y que deben concentrar las acciones que son supramunicipales. Eso se ratificó en la Ley 2200 del 2022 que enfatiza en que la visión del departamento a largo plazo debe estar volcada a un modelo de ordenamiento territorial donde se expongan las políticas, planes, programas y proyectos de impacto.

El departamento no ha estado haciendo la tarea, al no tener un plan de ordenamiento, cuáles son los programas y proyectos estratégicos acordados con la comunidad, lo que ha venido haciendo la Gobernación es conducir una línea de inversiones a su propio juicio, a su parecer.

Es decir, ¿los planes de desarrollo deberían basarse en los planes de ordenamiento?

Aunque los planes de ordenamiento seleccionan los proyectos que deben adelantarse año tras año, administración por administración, los planes no tienen recursos, los recursos están en los planes de desarrollo que debe obtener el programa de ejecución del POT.

Pero en Valledupar nos hemos dedicado a hacer inversiones sueltas, sin ningún tipo de sustento, no corresponden a lo que fue acordado para 12 años.

Hablemos de la revisión parcial que está haciendo la Unimagdalena al POT de Valledupar, ¿por qué es necesario inspeccionar antes del vencimiento?

La ley 388 le da la facultad a los alcaldes de iniciar el proceso de revisión por vencimiento del corto, mediano y largo plazo. Al principio del gobierno, el mandatario hace una revisión de qué tareas realizó el anterior, sino le toca sumarla a las tareas que le tocan llevar a cabo en su mandato.

O sea, ¿esta revisión y modificación excepcional contratada en 2022 debió realizarse en el primer año del mandato de Mello Castro, entre 2020 y 2021?

Al Mello le tocaba hacer la revisión en el año uno para que el Plan de Ordenamiento y el Plan de Desarrollo estuvieran coordinados con los programas y proyectos que el POT señalaba para su momento.

Al hacerlo en el año tres y cuatro están tomando la justificación de que es una modificación excepcional, pero el Decreto 1077 de 2015 dice que la modificación excepcional se realiza cuando hay declaración de desastre o calamidad pública o los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgos, pero esos no son los casos.

La administración sostiene que se debe a la aprobación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del río Guatapurí, pero ese no lleva nivel de detalle, sino general.

¿Cómo ha analizado el proceso de revisión del POT de Valledupar?

Desde el 29 de julio hasta el 31 de diciembre, o sea para cinco meses, fue contratada la Universidad para ejecutar los estudios, la revisión, formulación y presentación de los documentos, pero el tiempo no les dio.

De los $3.500 millones que vale el contrato, ya fueron desembolsados $1.500 millones de anticipo. De los 15 productos esperados, no se ha aprobado ninguno por parte de la administración municipal según la respuesta que nos ha dado en los derechos de petición.

La Universidad pidió una prórroga de tres meses y estamos a menos de un mes de que finalice el plazo y no han terminado la etapa de diagnóstico, después sigue la formulación que es concentrar las soluciones a los problema encontrados para que el POT que está vigente hasta el año 2027, se refuerce.

El POT vigente tiene una falencia grande y es que no tiene programa de ejecución y lo curioso es que el alcalde Mello Castro formó parte del grupo de concejales que aprobó el POT. Entonces ahora le dejaron la tarea a la Universidad del Magdalena de subsanar el error, ese programa de ejecución en el último año de gobierno le dejaría la tarea al siguiente alcalde para que lo implemente.

La semana pasada fueron canceladas dos mesas de participación ciudadana porque aún están ajustando los productos, ¿cómo ha visto la supervisión del contrato por parte de la Alcaldía?

Lo que hemos encontrado es que la capacidad técnica y profesional de la administración municipal es reducida en estos temas de POT. Hay personas antiguas que pueden entender la lógica del Plan de Ordenamiento, pero no con la capacidad de leer e interpretar para los productos que ha estado entregando la universidad.

La falencia principal que encontramos como veeduría es que no se contrató una interventoría. La Universidad entrega unos productos y cobra unos recursos. De hecho cobran $270 millones por administración. Entonces la Alcaldía acudió al Ministerio de Vivienda para que le ayude a revisar los productos, pero eso no está contemplado en el contrato, es un concepto que la entidad puede dar de buena fe.

¿Cuáles han sido las principales modificaciones o propuestas que ha notado por parte de la ciudadanía en las mesas de participación?

Las pocas personas que asisten en las comunas y corregimientos van con varias ideas sobre el alcance de esas reuniones, yo lo atribuyo a que hay una debilidad en la estrategia de comunicación que implementa la Universidad.

Este no es un producto informal, la Universidad le está cobrando al municipio más de $107 millones por una estrategia de comunicación y participación ciudadana. Uno sale a la calle y le pregunta a la gente si está enterada de la revisión del POT y muy pocos hablan de eso.

Yo no creo que sea falta de interés. También hay que tener claro que esta es una revisión para que el POT cumpla sus tareas hasta el 2027, hay quienes creen que podría cambiar la orientación total del municipio.

A su juicio, en el 2027, ¿quién debe iniciar con la construcción del nuevo POT, el alcalde saliente o el entrante?

Puede ser que el alcalde que vamos a elegir en octubre se le ocurra dejarle formulado el POT al siguiente alcalde, eso sería lo ideal, sino esa debería ser una de las tareas inmediatas del nuevo mandatario.

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
@andreaguerraperiodista