Fue en el departamento del Cesar donde empezó todo el escándalo del Programa de Alimentación Escolar, PAE, por un video publicado en redes sociales en el que los estudiantes de un colegio de Aguachica recibían una porción, se tomaban la foto, y debían regresarla. Allí empezaron las investigaciones de la Contraloría que terminaron con la apertura de varias investigaciones y capturas.

El PAE nunca está exento de polémicas. Recién se descubrió que una de las empresas que conforman el consorcio que pretendía contratar el PAE en Valledupar registraba irregularidades.

Valledupar es una entidad territorial que contrata independiente de la Gobernación del Cesar, que ya asignó la alimentación para más de 127.000 estudiantes del departamento. Desde hace tres años se dividió la contratación del PAE en dos: uno para la zona norte y otra para la zona sur, cada uno maneja 12 municipios al menos.

Este año también se entregó el contrato de alimentación de $40,813 millones en licitación pública con un solo oferente en ambas zonas; oferentes ya conocidos en la contratación del PAE en el Cesar.

LOS DEL NORTE

En la zona norte se le adjudicó a la Unión Temporal Amor por el Cesar, cuyo representante legal es Néstor Martínez Parrado, el contrato por un valor de $18,933 millones para los 114 días académicos del 2019. Aunque aparecen dos empresas en este consorcio, la Fundación Humana para un Buen Desarrollo Social es el brazo fuerte con el 95 % de la participación y quien ha venido cobrando importancia en la contratación del PAE en el Cesar.

Primero en el 2017, también con único oferente, la Fundación Humana para un Buen Desarrollo Social actuó con un 45 % de participación de la Unión Temporal Niñez del Cesar, que se ganó el contrato de alimentación escolar por 36 días en la zona norte del departamento. En ese año la Fundación Humana se unió con la Fundación Niñez, Mujer y Familia (5 % de participación) y Ecoalimentos S.A.S (50 % de participación).

Con otro nombre, las mismas empresas se ganaron el contrato de la zona norte del Cesar en los primeros 41 días del 2018, completando tres años seguidos (2017, 2018, 2019). En el 2018, esta vez asociadas en la Unión Temporal Bienestar Cesar, la Fundación Humana para un Buen Desarrollo Social con 45 % de participación y la Fundación Niñez, Mujer y Familia con el 30 %, se ganaron la adjudicación del PAE como únicos oferentes por el equivalente a $6,269 millones. El consorcio lo completó la empresa Bella Vista Servicios Integrales S.A.S., con el restante 25 % de participación. La representante legal fue Cristina Parra Cabeza.

LOS DEL SUR

Por la zona sur del departamento también existen dueños de la contratación del PAE. Desde el 2016 LE & VE MACSOL S.A.S., y Marisol Vela Gómez están relacionados en torno a la contratación de la alimentación escolar.

Fue justamente ese año en el que Marisol Vela Gómez apareció como representante legal del Consorcio Catering II que se ganó la adjudicación del PAE para el segundo semestre del 2016 con la unión entre ‘RedCom’ (Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario), con el 50 % de participación, y por supuesto LE & VE MACSOL S.A.S., con el 45 % de participación. El 5 % restante lo aportó otro participante. El contrato adjudicado fue de $10,962 millones.

En el 2017 la empresa LE & V MACSOL S.A.S., vuelve a aparecer junto a Marisol Vela Gómez, quien figura ese año como la representante legal de la Unión Temporal Alimentación para el Cesar, unión que como única oferente se ganó el contrato del PAE para la zona sur por 36 días. Dentro de esa unión la firma LE & V MACSOL S.A.S., tenía un 60 % de participación y la Fundación Naturaleza y Vida el otro 40 %. Los nombres de los representantes legales de algunas de estas fundaciones no aparecen en el contrato.

En el consorcio que se ganó el PAE en 2018 en la zona sur del departamento no aparece el nombre de Marisol Vela Gómez y la participación de LE & V MACSOL S.A.S., es menor. Con Brain Gómez García como representante, el Consorcio Servialimentos PAE se ganó el año pasado el contrato de alimentación por 41 días y con un valor de $7,171 millones.
En ese consorcio el protagonista fue La Fundación Social de Apoyo Desarrollo y Bienestar de la Niñez y el Adulto Mayor Nuevo Amanecer con el 60 % y la ‘CONCIMED’ (Fundación Construcción Social y el Medio Ambiente) con el 20 % restante.

Pero este año regresó la figura de Marisol Vela Gómez, pero no como representante legal, sino con participación directa dentro del consorcio.

Sin competencia porque fue el único que se presentó, a la Unión Temporal Alimentar Cesar le fue adjudicado el contrato del PAE para el 2019 en la zona sur del departamento. ¿Quiénes conforman la unión? Alimentar Capital S.A.S., con el 50 % de participación; la Fundación Colombia una Nación Cívica con el 10 % de participación; y en este caso Marisol Vela Gómez con el 25 % de participación más el 15 % LE & VE ALIMENTOS MACSOL. En este caso, la representante legal es María Sánchez Zamora.

EL TRISTE PASADO DEL PAE EN EL CESAR

Hay un libro llamado ‘Grandes Hallazgos’ que publicó la Contraloría General de la Nación en el 2018. Allí, como dice su nombre, publican los hallazgos de corrupción recientes de la historia en Colombia, por supuesto aparece el PAE y el Cesar.

En el libro hay una cita del contralor delegado para lo social, José Antonio Soto, que impacta: “El contralor Maya llegó un lunes y me dijo: acabo de llegar de Valledupar y me hablaron de una gente que se está robando la plata del PAE”.

Según el libro no era solo en Valledupar. Por ejemplo, en La Jagua de Ibirico (Cesar), la Alcaldía pagó en ese entonces 2.384 millones de pesos más de lo que valían la harina, lenteja, frijol y leche, que debían ir en los kits especiales para niños desnutridos, según la Contraloría.

La misma Entidad descubrió que en algunos casos curiosamente se presentaba el mismo oferente para varias vigencias y entidades territoriales.

El ejemplo más ilustrativo es el de la Fundación Acción Social Integral-Acsi a la que la Alcaldía de Valledupar le dio un contrato en 2016 por 12,312 millones de pesos. Pero el NIT de Acsi era el mismo de Kabala, una fundación a la que la Contraloría General le había contado más de 5.000 hallazgos de mal servicio (entre estos, servir comida en mal estado) razón por la cual le habían suspendido un contrato de 14 mil millones de pesos, en Bolívar, en 2015.

Por medio de Kabala se adueñaron del PAE durante dos años, según el SECOP. En el 2014 con el Consorcio Educación a Salvo, a la Fundación Kabala y Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar les adjudicaron el contrato del PAE por un valor de $32,851 millones, a los que después le adicionarían $15.600 millones.

En el 2015 las mismas fundaciones se ganaron el contrato del PAE, esta vez en el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, siendo los únicos proponentes. ¿Quién era la representante legal de ambos consorcios? Ivis Del Carmen Rosado Robles, quien aparece en el libro de la Contraloría como integrante de una red que por intermedio de seis fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas habrían celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007, por cerca de 450 mil millones de pesos.

Gracias a esos descubrimientos se le abrió investigación al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo; además del actual mandatario de los cesarenses, Francisco Fernando Ovalle Angarita, a quien se le lleva un proceso por 2.451 millones de pesos.

Para el mes de agosto del año pasado, por irregularidades evidenciadas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cesar, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.723 millones de pesos contra el entonces Secretario General de la Gobernación del departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo y el exsecretario de Educación Departamental, Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez.

Al igual que contra los miembros del consorcio contratista Alimentando un Cesar Más Educado (la Fundación KÁBALA -hoy Fundación ACSI-, la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País).

La razón fue el contrato del 2015, suscrito el 15 de enero de ese año por la Gobernación del Cesar, con el Consorcio Alimentando un Cesar Más Educado, conformado por la Fundación KÁBALA, representada entonces por María Angélica Araujo Noguera; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada entonces por Ivis del Carmen Rosado Robles; y la Corporación Corazón País, representada entonces por María Pacheco Izquierdo.

DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN