“Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las fuerzas armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia”, es uno de los postulados del Informe Final. 

Los argumentos sobre el particular los desarrolla  la Comisión de la Verdad   en el capítulo ‘Los entramados del paramilitarismo’ y  los cinco principales de ellos se exponen a continuación, en palabras de este órgano de paz y de manera sintetizada.  

En primer lugar y al parecer, los actores que fueron centrales en el proyecto paramilitar y tuvieron participación directa no fueron identificados ni investigados, y una parte importante de los entramados regionales sobrevivieron a los procesos de desmovilización de las organizaciones.  

ORÍGENES

Como segundo argumento se señala que los orígenes, la consolidación y la pervivencia del entramado paramilitar en diversas regiones no pueden explicarse por fuera de los procesos de construcción estatal y social. 

“Estas historias regionales no son un simple antecedente, sino contextos que favorecieron el surgimiento de órdenes armados simultáneos y aliados al Estado”, precisa el Informe. 

En tercer lugar, este fenómeno se describe como  “impulsado” por medio de la legitimación social y política que ha tenido por parte de distintos sectores, movidos por beneficios directos o indirectos de la acción paramilitar. 

Y agrega: “Esta legitimación blinda los entramados paramilitares y los sectores involucrados que buscaban objetivos más allá de la contrainsurgencia”. 

OTROS PODERES

El cuarto argumento radica en que parte de los poderes políticos y económicos que se formaron bajo el orden paramilitar “han continuado vigentes o fueron heredados por nuevos actores cercanos”. 

“Los procesos de desarme de los grupos paramilitares, como el de las AUC, pese a todos sus alcances, no han significado el desmonte de las alianzas dentro de las que operaban las distintas estructuras armadas”, se lee en el documento. 

Finalmente,  en el caso de los poderes económicos legales, también se estarían manteniendo parte de sus privilegios en materia de capital o de acceso a recursos “como la tierra despojada o el acceso privilegiado a fondos públicos” de empresarios y propietarios que participaron, en diversas escalas, en la violencia paramilitar. 

“NO VOLVERÁ A SUCEDER”: EXPARAMILITAR

Cabe mencionar que en 2019, el exparamilitar Randys Julio Torres Maestre, más conocido con el alias del ‘Niño’ o el ‘Poporo’, pidió perdón por las violaciones de derechos humanos que cometió contra el pueblo kankuamo cuando militó en el extinto frente Mártires del Cesar, de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

“Les puedo garantizar a mi comunidad, a las autoridades a las cuales reconozco y a las que se han tirado esto poniendo víctimas y muertos, de que esto de parte mía no se vuelve a repetir. Tengan la seguridad que lo que menos quiero en la vida es causarle sufrimiento a otras personas”, agregó Maestre. 

¿QUÉ HACER?

Para el desmantelamiento ‘completo’ de estos grupos se requiere un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre este tipo de grupos, parafraseando las sugerencias de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 

Eso incluiría poner en marcha mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para lograr “acciones contundentes al respecto”. 

El tema de la verdad se plantea como “una deuda con las víctimas” a las que no se les ha ofrecido un reconocimiento de los hechos.