Por más de 42 años la mina de ladrillos ha sido uno de los mayores generadores de empleo en Valencia de Jesús, corregimiento de Valledupar. Sin embargo, a pesar de estar agremiados en Coarcillas del Cesar y poseer títulos mineros, están a punto de extinguirse debido a la disputa del lote donde funciona una de las primeras ladrillera de la región.

El problema inicia en el 2016 cuando el predio donde funciona la ladrillera cambia de dueño. Con el anterior propietario se logró firmar un convenio de servidumbre que estipula la ley y que permite la explotación del subsuelo, pagando al propietario un porcentaje de la producción de la ladrillera. No obstante, aseguran que desde el inicio “el nuevo propietario se negó a firmar el acuerdo”. Por eso, los mineros fueron expulsados en julio del año pasado por orden de las autoridades locales.

La minería es lo único que saben hacer decenas de familias que dependen de su explotación. Estas familias iniciaron una lucha legal que la justicia falló a su favor, primero con la Resolución 000147 del 06 de marzo del 2018, donde la Agencia Nacional de Minería le concedió el amparo a “Enrique Pizano, representante legal de Coarcillas del Cesar, en contra del señor Julio Valdeblanquez y el municipio de Valledupar quienes ejercen actos perturbatorios”. La misma orden, en el artículo segundo, ordenaba que cesaran esos actos. Sin embargo, afirman, nadie los quiere ayudar a cumplir el fallo.

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Como representante legal, Enrique Cataño Solano ha liderado la lucha. “La ejecutoria del amparo administrativo fue contra la alcaldía porque en un desalojo nos tumbó la mina, y contra Julio Valdeblanquez, nuevo propietario, porque no nos permite el acceso. Pero nos están dilatando, no hacen nada para que el fallo pierda vigencia”, declaró Cataño. Por su lado, el secretario de Gobierno de Valledupar, Gonzalo Arzuza, planteó una solución a este problema y anotó: “Lograr una conciliación con el dueño de la tierra. Y por eso, trabajamos en propiciar el encuentro para llegar a un acuerdo”.

La defensa de los mineros se basa en que el Estado es el propietario del subsuelo como dice en el Artículo 332 de la Constitución Política. “Sin la mina nuestra situación actual es difícil porque las familias están regadas; unos sembrando yuca, otros desempleados, incluso algunos en la indigencia”, denunció el líder de los ladrilleros.

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Eran cerca de 35 familias divididas en 160 empleados que en el 2008 la Gobernación departamental les había concedido el título minero No. 0197-20 y que se dedicaban a la alfarería, basada en la confección de ladrillos pero que hoy están en “el aire”. “Solo pedimos el acompañamiento de la policía para poder entrar al territorio donde hemos trabajado y hecho nuestra vida por tantos años”, finalizó Enrique Cataño.