En el marco de la continuidad de la audiencia de la legalización de captura, imputación de cargo y medida de aseguramiento contra el exsecretario de Tránsito municipal, Óscar Miguel Tom Socarrás, el ente acusador develó la manera cómo presuntamente el exfuncionario público operaba contra el Estado en beneficio de terceros y propios, dejando un desfalco que asciende a $2.500 millones en la Secretaría de Tránsito de Valledupar.

Las denuncias de ciudadanos, entre esos el jefe del archivo de la entidad pública, Guillermo de Jesús Rivera Pérez, fueron piezas claves para que detectives del CTI de la Fiscalía iniciarán la investigación que después de varios años comenzaron a arrojar resultados salpicando dos investiduras: el exsecretario Tom Socarrás y el concejal actual de la ciudad, Leonardo Maestre Socarrás.

Según los denunciantes estas dos personas lideraron la desaparición de varias carpetas de los procesos de chatarrización para manipularlas de acuerdo a intereses comunes en dicho proceso.

“Ellos llegaban a altas horas de la noche constantemente a la Secretaría para sustraer de 20 a 30 carpetas sobre el proceso de chatarrización. Los documentos desparecían estando en custodia de ellos. Un día le pregunté al vigilante que si se había dado cuenta de las carpetas y me dijo ‘el doctor ‘Leo’ y Óscar se llevaron los documentos en el automóvil’”, advirtió el Fiscal al leer parte de las declaraciones de Rivera Pérez.

La relatoría indica que una vez salían solo regresaban unas cuantas carpetas que era las que casualmente tenían solicitudes u otros documentos relacionados al proceso de chatarrización.

Esta línea investigativa narra que 83 vehículos relacionados a este proceso que habilitó el estado mediante la Ley 1630 para modernizar el parte automotor a cambio de subsidios presentaron irregularidades en falsificación de traspasos de propietarios de vehículo, placas falsas, firmas y sellos falsos de la notaria, vehículos plagiados y cambios de placas.

‘Modus operandi’

De acuerdo al organismo investigador, los implicados en compañía de tramitadores buscaban automóviles que pudieran colocarles placas nuevas o plagiarlos para que participaran en el proceso de chatarrización que dependiendo de las características del automóvil el Estado concedía 50, 60 y hasta $70 millones.

“Los 83 que vehículos que presentan hasta el momentos irregularidades eran carros que no circulaban o que si lo estaban no correspondían al mismo que presentaban para el proceso y muchos aparecían que la persona que solicitaba el proceso de chatarrización era el señor Omar Antonio López López, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, esta última era funcionaria de la Secretaria, y se beneficiaron de hasta cinco o seis procesos de chatarrización, aun cuando la norma expedía que una persona solo podía solicitar tres”, explicó la Fiscalía.

Las funciones para operar

Según las indagaciones cada quien tenía su rol determinado para fraguar sus beneficios económicos a través de la Nación:

El implicado José Vicente Ustariz, quien no trabajaba en la cartera pública “pero era cercano a Tom y Maestre” se encargaba de llevar a los señores que muchas veces aparecían como propietarios de los vehículos sin serlo o sin tenerlos como tal para recibir su porcentaje.

El exsecretario Óscar Tom Socarrás se encargaba de solicitar las placas nuevas a los vehículos que se las iban a cambiar o plagiarlos. “Casualmente muchas de esas que obtuvieron esas placas nuevas desaparecieron, se esfumaron de la Secretaría de Tránsito”, mientras que el concejal Leonardo Mestre, que en ese entonces fungía como asesor legal, se encargaba de los tramites y requerimientos que los hiciera legales además solicitó siete vehículos para chatarrización.

Continuando lo explicado por el organismo investigador, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y otros, eran los encargados de expedir certificados documentos que corroboraran que los carros podían ser chatarrizados.

Los demás implicados trabajaron de manera particular como tramitadores y haciéndose pasar como propietarios de vehículos chatarrizados que están en circulación por las calles, que sus dichosos traspasos para ser propietarios eran falsificados o eran chatarrizados varias veces solo cambiándoles las placas.

Los casos más sonados

Cuatro vehículos en particular para el ente acusador dan fe de la ‘empresa criminal’ que trabajaba para beneficiarse de manera particular.

El carro con placa UWJ 289, a este vehículo Óscar Tom Socarrás le solicitó placa nueva el 9 de diciembre del 2014 y el 27 de enero de 2015 fue chatarrizado por Omar López López, que figura como propietario al igual que los era demás de cinco procesos.

“El 25 de julio un señor de apellidos Castilla Brito fue a pagar los impuestos y le informaron que su vehículo estaba chatarrizado, se dirige a una medio de comunicación diciendo que tiene su vehículo pero aparece chatarrizado”, agregó el Fiscal seccional quinta del caso.

Asimismo informó que al carro de placa LDK 425 un hombre le aparecía realizando un traspaso de su vehículo en condición de muerto y así otros casos más.

Los capturados

El pasado 27 de julio detectives del CTI de la fiscalía hicieron efectiva la captura de 10 personas involucradas en este presunto cartel de la chatarrización:

José Vicente Ustariz Quintero, Margarita Rosa Rodríguez Tobón, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López; así como también; Leonardo Maestre Socarrás, Leda Rosa Castilla Castillo, Luz Mabel Jácome Bastidas, Ana María Carranza Castillo y David Alberto Maury Silva.

El pasado 29 de julio tres quedaron sin medida de aseguramiento por considerar el Juzgado Segundo Penal que no tenían suficientes material probatorio para despojarla de su libertad siendo beneficiados así: Luz Mabel Jácome Bastidas, Ana María Carranza Castillo y David Alberto Maury Silva.

Los días anteriores las autoridades capturaron en una restaurante de la ciudad a otra implicada en el proceso; Nathalia Rosa Gómez Polo y finalmente este 12 de agosto se entregó el exsecretario Óscar Miguel Tom Socarrás, para quien ayer culminó su legalización de captura sin aceptar cargos y obteniendo medida de aseguramiento domiciliaria al igual que los demás.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN