Este viernes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación del gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo.

Por eso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Por disposición del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, la petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía se realizará la próxima semana.

La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el primer periodo. En las verificaciones la Fiscalía identificó, por lo menos, 9 inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley. Estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172’808.072.

El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, y tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos. 

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SOBRECOSTOS Y QUEJAS

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia relató que el hígado, una proteína de origen animal, en el contrato, fue pagado a $65.460 pesos cada kilógramo. “Un kilo de hígado a $65.450. Es un exabrupto, teniendo en cuenta que el costo de la carne era de $14.000 el kilo”, agregó el fiscal.

El fiscal sostuvo que reiteradamente había quejas de padres de familia y estudiantes porque se servían raciones muy pequeñas; en otros casos se informó que las raciones eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras. 

“En algunas oportunidades los estudiantes debían presentarse a las casas de las manipuladoras para tomar sus alimentos. A  pesar de haberse exigido la disposición de vehículos adecuados para el transporte de alimentos, estos llegaban a los colegios en camionetas de estacas y en buses de servicio público. El total del peculado estimado por los expertos del CTI en contaduría es de $3.172 millones. Esta es la síntesis, señor gobernador, que permitió usted que el consorcio se apropiara”, agregó el fiscal.

DEFENSA

Al respecto, el reconocido abogado Iván Cancino, quien asumió la defensa del gobernador del Cesar, señaló que demostrarán “que el mandatario actuó bajo su deber legal, que jamás cometió delito alguno, que ningún contrato es perfecto”. Agregó: “(Demostraremos) que la Fiscalía  a veces abusa de los servidores públicos para imputarles sin que exista delito”.

“(Demostraremos) que la Fiscalía  a veces abusa de los servidores públicos para imputarles sin que exista delito. El gobernador cumplió con su función. Él no firmó el contrato, no participó en las etapas previas pero sí designó a personas idóneas para ello y estuvo atento a informes de la interventoría. Cada parte de la imputación será explicada de manera correcta y clara cuando le toque a la defensa”, concluyó. 

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Este martes, la defensa del mandatario tendrá el primer desafío: responder ante la petición de medida de aseguramiento que hará la Fiscalía. Cancino sostuvo que buscarán desestimar cada una de esas acusaciones. 

OTROS CASOS

Cabe recordar que por un caso similar, en el 2019 fueron cobijados con medida de aseguramiento no privativa de la libertad los exsecretarios Jorge Eliecer Araujo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, además de la contratista Ivis del Carmen Rosado Roble, investigados por presuntamente orquestar actos de corrupción en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el Cesar, año 2015.

ANTECEDENTES

En el 2015, la Contraloría General encontró hallazgos fiscales  en el PAE contratado por la Gobernación  del Cesar por un valor de $3.483 millones, originados en deficiencias en la etapa de planeación contractual, mayores valores pagados, servicios pagados y no suministrados efectivamente conforme a las obligaciones que emanan de la minuta contractual, entre otros.

Por: Redacción EL PILÓN