La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 009 de 2025 para el municipio de Chiriguaná, Cesar. Esto ante la grave situación de violencia que se estaría derivando de las estrategias de control social y dominio territorial del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta población.
La entidad asegura que la disputa por el territorio entre las dos estructuras puede llevar a una confrontación armada, que vulneraría los derechos fundamentales, como a la vida, libertad, integridad y seguridad, de su población urbana y rural.
“Estas dinámicas afectan seriamente a la población civil, la expone a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, cobro de extorsiones y restricciones a la movilidad y libertad. Las poblaciones más vulnerables a la actual situación son las personas socialmente estigmatizadas, pescadores ancestrales artesanales, el campesinado, afrodescendientes, personas que ejercen liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del pueblo indígena Zenú”, comunicó la Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente, en Chiriguaná hace presencia el Frente 41 Cacique Upar, disidente de las extintas Farc que no formaría parte de ningún grupo mayor de las actuales disidencias con resonancia nacional y tendría interés en consolidarse en el lugar. Según la Defensoría, a lo mencionado se suma el hecho de que grupos delictivos organizados tienen conexiones con estructuras del crimen de alto impacto.
Entre febrero del 2023 y enero del 2025, la Defensoría tuvo conocimiento de al menos 20 homicidios en Chiriguaná. De estos, 11 son atribuidos al EGC (como método de la mal llamada ‘limpieza social’), cinco fueron cometidos en contextos de criminalidad, de tres sería responsable el ELN (cuyas víctimas fueron un exmilitar, un ex-Farc y, presuntamente, un exparamilitar) y uno tendría como autor a un grupo disidente (la víctima, un exparamilitar).
La entidad explicó que las ecorregiones que comparten Chiriguaná y La Jagua de Ibirico son de alta atracción para los intereses ilícitos de los grupos armados ilegales. Específicamente el riesgo estaría en la zona urbana y sus corregimientos Poponte, con 15 veredas; Rinconhondo, con ocho veredas; La Aurora, con cinco veredas, y La Sierra, con 11 veredas.
A raíz de esto la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH).
“Las recomendaciones, contenidas en el documento de prevención y advertencia, parten de nueve enfoques: coordinación de la respuesta rápida, acciones de paz para la prevención, disuasión del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y protección para las comunidades, investigación y acceso a la justicia, medidas de prevención y protección, medidas para la asistencia y acción humanitaria integral, acciones de política pública para la mitigación y superación de vulnerabilidades sociales, fortalecimiento comunitario y organizativo, así como acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público”, reiteró la Defensoría.
Por Redacción Judicial
