Tomado de VerdadAbierta

Al despuntar el siglo, César Augusto, 'Tuto' Castro Pacheco alcanzó a pasar por honorable hombre de negocios empeñado en la reforestación de las sabanas de Plato en el Magdalena, mientras su hermano Jorge era senador (dos períodos desde 1998 hasta 2006). Pero era pura apariencia porque a quién hubiera querido preguntar por él en El Difícil (Ariguaní) o en Chibolo hubiera tenido la misma respuesta: fue el despojador que llegó pelado a la región de la mano de los paramilitares y en tan sólo nueve años, de 1997 a 2006, salió latifundista.

Después de la desmovilización del jefe del Bloque Norte, Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', a medida que el miedo cedía, las verdades de estos hermanos empezaron a asomarse. El pasado 10 de octubre de 2012, después de que el Presidente Santos pidiera públicamente su captura, fue llevado a prisión en Barranquilla.

En los tiempos en que posaba de señor, 'Tuto' Castro se presentó a una convocatoria realizada por Cormagdalena -Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena- que tuvo como operadores en una primera fase a la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif, y en una segunda a la ONF Andina, una organización internacional que trabaja en el área ambiental.

VerdadAbierta tuvo acceso a varios documentos de este proyecto y encontró que el 27 de abril de 2005, por ejemplo, Castro firmó un contrato con ONF, en el que el organismo por medio de Cormagdalena y Finagro se comprometía a entregarle las semillas y la asesoría para sembrar 226 mil plántulas de ceiba y teca, dos especies maderables, la una nativa y la otra foránea. El contrato fue firmado por 129 millones de pesos y comenzó a ser ejecutado en mayo de 2005.

Como consta en varios documentos en que la ONF se dirige a Castro Pacheco para continuar con el proyecto durante 2007, éste desarrolló el sembradío en las fincas Providencia y Santa Martica en el municipio de Plato. Son los mismos dos predios que ofrecieron devolver a sus víctimas los desmovilizados del Bloque Norte de las Auc. Es decir, reconocieron ante la Fiscalía que habían robado estas tierras.

Una investigación de la Fiscalía descubrió que estas fincas que quedan en la vereda La Palizúa eran de una familia que los tuvo durante muchos años, y que muchos de sus predios habían sido negociados con el Incora para adjudicárselos a campesinos sin tierra, y que muchos de los beneficiarios ya vivían allí de tiempo atrás, cuando los paramilitares del Bloque Norte los conminaron a salir para salvar sus vidas.

El pasado de la tierra

'Tuto' Castro desarrolló el proyecto de siembra siendo integrante del grupo paramilitar, sin que nadie, ni Cormagdalena, ni los socios nacionales e internacionales y entidades financieras, pareciera haberse molestado en averiguarlo. El 10 de marzo de 2006 se desmovilizó en Valledupar junto a otros 2.544 integrantes del Bloque Norte. En agosto de ese mismo año rindió una versión libre ante la justicia en la que aceptó haber colaborado con los paramilitares y sostuvo que era propietario de los predios La Providencia y Santa Martica. Lo que no contó fue cómo los adquirió. Sólo dijo que los compró y que antes eran territorios abandonados.

Un habitante relató cómo quedaron abandonados esos territorios que compró Castro: "Llegaron a la vereda La Boquilla, en jurisdicción de Chibolo, Magdalena. Fueron a nuestra finca llamada Santo Domingo y nos dijeron que venían de parte de los Castaño (Carlos y Vicente). Ese día había como 150 personas. Estábamos reunidos todos los habitantes de La Boquilla, Las Planadas, Santa Martica, El Mulero y Mulas de Alta Macera. Estando en la reunión alias 'El Viejo' nos dijo que la 'empresa' necesitaba las tierras. Que nos daban quince días para desocupar".

Según datos del Registro Único de Población Desplazada, de Chibolo salieron cinco mil personas desplazadas entre 1997 y agosto de 2010.

Varios campesinos han relatado que al retornar, en 2007, encontraron que las parcelas que les iban a titular estaban sembradas con maderables. "Luego de que nos sacaron nos enteramos que el que ocupó nuestras tierras fue el señor Augusto Castro Pacheco. El 'Tuto' estaba explotando tierras que eran nuestras, porque teníamos una posesión de 15 años", dijo un campesino.

En abril de ese año, la policía de Plato realizó un desalojo en la vereda La Palizúa solicitada por Castro. En un acta, los uniformados consignaron las declaraciones de los campesinos, que dijeron que ellos eran los reales dueños de la tierra y que no tenían títulos por que habían sido desplazados cuando el instituto de tierras les iba a entregar los documentos.

Como para dejar constancia de que él era el dueño, 'Tuto' Castro le envió una comunicación al Ministerio del Interior de Justicia. En mayo de 2007, la Coordinación de Grupos Rurales le respondió que los predios La Boquilla, Santa Martica, Providencia, Canaán, El Caquetá, Vista Hermosa y No hay como Dios no estaban afectados con ninguna acción judicial o proceso penal. La respuesta del Ministerio extraña cuando varias familias habían reportado el desplazamiento en estas parcelas ante organismos del Ministerio Público.

En diciembre de 2007, después de diversas situaciones de tensión entre los campesinos reclamantes y Castro, el Incoder Magdalena citó a una reunión a la que fueron convocados los campesinos y representantes de la Defensoría del Pueblo. Por el instituto de tierras, estuvieron dos funcionarios que luego fueron acusados de participar en el despojo ocurrido en Magdalena: Antonio Lomanto Morán, encargado de visitar los predios que iban a ser titulados a los campesinos y Carlos Vásquez Vásquez, coordinador de Gestión de ese instituto en Fundación. Ambos fueron capturados en junio de 2011, acusados de tener vínculos con el Bloque Norte de las Auc.

Ante la justicia, varios testigos han declarado que Castro Pacheco se hizo a los predios de forma irregular, utilizando como intermediarios a familiares o amigos. Las diferentes escrituras a su nombre fueron firmadas por el notario Único del Círculo de Ariguaní, Armando Rafael Andrade Palacio, quien en declaración ante la Corte Suprema aceptó haber aportado recursos a la campaña al Senado de Jorge Castro, hermano de 'Tuto'. Además varios desmovilizados del Bloque Norte han reconocido que participaron en el despojo de estas parcelas y han ofrecido estos bienes ante la Subunidad de Tierras de la Unidad de Justicia y Paz.

La Fiscalía tiene documentadas para el caso de la vereda La Palizúa el despojo de 74 predios que son reclamados por 50 familias. El proceso está en la Unidad de Tierras, el organismo creado por la Ley de Víctimas y adscrito al Ministerio de Agricultura, que ya presentó a un juez de tierras la demanda por los despojos en Chibolo, en cabeza de Rodrigo Tovar alias 'Jorge 40'.

El 8 de marzo de 2013, la Subgerencia de Tierras Rurales del Incoder decidió extinguir el dominio de dos de los predios de la antigua Palizúa, entre ellos, Santa Martica donde el 'Tuto' Castro desarrollaba la siembra de maderables. El instituto de tierras decidió la extinción porque encontró que estos estaban abandonados y eran improductivos por parte del ‘Tuto’ Castro, lo que significa que las tierras vuelven a la Nación para ser adjudicadas pronto a las víctimas reclamantes.

En el estudio, el Incoder encontró que en el predio Santa Martica habían sido sembradas 24 hectáreas de teca, que los árboles tenían una edad aproximada de siete años y que desde hacía mucho ésta no había sido podada, excepto porque los campesinos ocupantes habían hecho limpieza de la zona. El otro predio extinguido fue La Boquilla, que también hacía parte de La Palizúa, encontrando que éste había sido cultivado con 74 hectáreas de eucalipto y 103 hectáreas de ceiba tolúa, también tras un proyecto de reforestación firmado en convenio con Cormagdalena. El sembradío era improductivo porque también había sido abandonado.

Un funcionario de la ONF Internacional dijo que como operadores de la segunda fase no habían encontrado irregularidades a la hora de celebrar el convenio con Castro. El funcionario enfatizó en que desde hace muchos años no hace parte del proyecto, primero porque las tierras tienen problemas y segundo porque el sembradío no prosperó.

"Finagro realizó el estudio jurídico y él demostró con títulos ser el dueño de las tierras. Desde hace tiempo este contrato fue interrumpido porque los árboles no progresaron, tuvieron una mortalidad muy alta. Las tierras fueron abandonadas y luego ocupadas. Nosotros nos consideramos engañados, por lo que le explico, él mostró titularidad. No tenemos nada que ocultar. Somos un libro abierto", le dijo un funcionario de ONF a VerdadAbierta, quien explicó que remitió todas las inquietudes a Cormagdalena para que sea la Corporación quien se pronuncie.

Negocios de familia

Mientras 'Tuto' Castro se movía por las fincas del Magdalena, en 2002 y 2003 dos de sus hermanos lograron ser elegidos en las urnas y hacer parte del proyecto político que trazó el jefe paramilitar 'Jorge 40' y que vino a conocerse en 2006, con la 'parapolítica'.

‘El Tuto’ es hermano de Jorge Castro Pacheco, condenado en mayo de 2010 por sus nexos con los paramilitares del Bloque Norte. Entre las pruebas consideradas para la sentencia, el Alto Tribunal señaló que Castro fue, para elecciones de 2002, el segundo renglón de Dieb Maloof, y que ambos parlamentarios lograron sus curules con la financiación y el apoyo de los paramilitares.

Además del testimonio de Rafael García, exdirector de Informática del extinto DAS, quien contó que el plan de los paramilitares era lograr tres puestos en el Senado y tres por la Cámara con la votación de Magdalena.

La Fiscalía encontró que no sólo el senador Castro Pacheco, condenado a siete años de prisión y a pagar 3 mil millones de pesos de multa, firmó el Pacto de Pivijay. También lo hizo su hermana Carmen Cecilia Castro Pacheco, quien para la época de la reunión entre paramilitares y políticos (2001) ya era alcaldesa de Ariguaní, elegida con 8 mil de los 9 mil votos depositados en las urnas.

Pese a las denuncias de los campesinos, 'Tuto' estuvo prófugo hasta finales de 2012 después de que el presidente Juan Manuel Santos ofreció una recompensa de 150 millones de pesos por quien diera información sobre su paradero.