“No sé qué intereses oscuros había”, con estas palabras el constructor Oscar Guerra Bonilla describió la manera en que se vieron frustrados los intentos de desalojo en el terreno de su propiedad que fue invadido y denominado Tierra Prometida en Valledupar.

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Las declaraciones las dio en la continuación del juicio oral en contra del exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, investigado por el delito de corrupción al sufragante por presuntamente realizar actividades proselitistas en barrios subnormales de la capital del Cesar cuando era candidato en el 2011.

Durante el juicio, Guerra Bonilla explicó que en ese mismo año o en el 2012, fecha que no recuerda bien, se llegó a tener un proyecto de vivienda en Tierra Prometida para beneficiar a los invasores pero no fue posible materializarlo porque era necesario el desalojo.

“Nosotros tuvimos ahí diseñado un proyecto para construir aproximadamente 4.100 viviendas en sociedad y fue troncada e interrumpida por la invasión a raíz que no se produjo un desalojo”, dijo el arquitecto.

Asimismo puntualizó que se llegaron a reunir en varias oportunidades con los habitantes para explicarles las intenciones pero fueron infructuosas. “En varias reuniones se dijo que se debía desalojar porque precisamente las viviendas que ahí se iban a construir eran para las personas que estaban invadiendo, que eran desplazadas, pero había mucha gente que se dedicaba a la invasión de tierras y en compañía de Fredy Socarrás interrumpieron la continuidad del proyecto”, acotó Guerra Bonilla.

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Al término de su intervención, el turno fue para para la ciudadana Martha Montero, quien residía para el año 2011 en Tierra Prometida y reseñó las condiciones tan precarias en las que vivía con su familia.

La mujer habló que en las elecciones a la Alcaldía de Valledupar llegó a conocer folletos del entonces candidato Augusto Daniel Ramírez Uhía donde se prometían casas y que por eso se interesó en él. Sin embargo, la ciudadana no respondió si se reunió con Ramírez Uhía porque al parecer está inmersa en una investigación por el proceso del gobernador(r) Luis Alberto Monsalvo Gnecco, circunstancia que le permite tener derecho al silencio.

Una vez culminó su declaración como testigo de la Fiscalía 5 seccional la audiencia finalizó porque los demás miembros citados no comparecieron. El fiscal dio a conocer que trataría de presentar a la habitante Lourdes Manuela Barrios en la próxima diligencia y renunciaría a otros dos testimonios: el de José Francisco Villalobos y Carlos Hernández Díaz, al considerar que no eran necesarios.

Así las cosas si en la siguiente audiencia prevista para el 29 de septiembre el representante del ente acusador presenta la declaración de Lourdes Barrios, el abogado defensor Alejandro Sánchez Cerón deberá comenzar a mostrar sus elementos materiales probatorios y tratar de derrumbar la teoría de la Fiscalía.

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A Ramírez Uhía lo acusan de suscribir en el mes de septiembre de 2011 dos pactos con los líderes comunitarios de los sectores de Altos de Pimienta, Bello Horizonte, Los Guasimales y Tierra Prometida para que votaran por él a cambio de no moverlos de esos predios privados que habían invadido.

Esta investigación surgió por una compulsa de copias realizadas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual se encargó de llevar a juicio al gobernador(r) Luis Alberto Monsalvo, quien fue condenado en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante.