El Juzgado Tercero Penal Mixto de Valledupar se declaró impedido para continuar llevando el proceso que sigue la Fiscalía en contra de los miembros de la Junta de Calificación e Invalidez del Cesar, por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación; esto en ocasión a que conoció todos los elementos de prueba con que cuenta el ente acusador debido a que recientemente se decretó ruptura procesal debido a que el médico Carlos Arturo Montero Araujo, aceptó cargos mediante un preacuerdo y recibió sentencia anticipada de 40 meses de prisión.

Lee también: Condenan a 40 meses de prisión a exintegrante de la JRC por ‘cartel de los locos’

La juez Margarita Hernández Ricardo, sostuvo que los elementos de prueba guardan relación con la presunta responsabilidad que predica la Fiscalía respecto al resto de los coprocesados, es decir, existe comunidad de pruebas que imposibilitaron realizar una valoración sin sesgo.

“Razón por la cual se considera que se configura la causal 4 del Art. 56 de la ley 906 de 2004, en la medida en que la suscrita realizó manifestación de su opinión en el presente asunto. Por tal motivo, considera la suscrita que se encuentra impedida para seguir conociendo de la presente actuación, pues se puede ver que el Despacho tuvo a la mano y valoró los elementos materiales probatorios que serán utilizados por la Fiscalía General de la Nación para continuar la actuación judicial”, reza el pronunciamiento de la togada.

Así las cosas el proceso pasa a debatirse en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, donde se deberá analizar el caso y si se considera que no tienen ningún impedimento, fijará fecha para llevar a cabo la audiencia de acusación.

No dejes de leer: Millonario hurto a establecimiento comercial en Aguachica

Es preciso recordar que los procesados en este caso son: Gilmar Silguero Linero, Emil Said Baines Ferrer, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, Yamile de Jesús Pérez Domínguez, Gian Carlos Miranda Isaza, José Miguel Meléndez Vega y Teresa de Jesús Solano De La Hoz.

Según la Fiscalía estas personas crearon una ‘empresa criminal’ con la que defraudaron el sistema pensional del país y a empresas mineras de la región, ya que trabajadores de las mismas obtenían la pensión por invalidez con documentos espurios entregados por la Junta de Calificación e Invalidez del Cesar, todos con un común denominador; trastorno psicológico.