El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento confirmó la prórroga de la medida de aseguramiento con detención domiciliaria en contra del juez de Manaure, Hernán José Acosta Rodríguez, procesado por presuntamente participar en los actos de corrupción que dejó un millonario desfalco al sistema de pensiones en el departamento del Cesar.

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La confirmación de la medida obedeció a un recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías, el cual vio necesario que Acosta Rodríguez continuara privado de la libertad desde su casa mientras afronta el juicio.

La defensa consideró que era innecesaria la medida con motivo a que su protegido no representa un peligro para la sociedad, goza de buen comportamiento, no hace parte de un grupo delincuencial y mantiene incólume su presunción de inocencia. 

Sin embargo, el juez de segunda instancia consideró que la libertad de Acosta sí podría obstruir el debido proceso. “La Fiscalía acreditó en la medida de aseguramiento que existen situaciones en las que se podría comprometer el desarrollo  de la actividad probatoria con la libertad del procesado. Debe advertirse entonces, que la medida hoy tiene un límite de un año y es prorrogable para algunos eventos”, manifestó el administrador de justicia.

Acosta Rodríguez fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo con cohecho propio, en relación con unas tutelas que aparentemente falló a favor en primera instancia de varios ciudadanos que se pensionaron de manera irregular.

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La investigación surgió de unas compulsas de copias que hizo la Fiscalía 12 seccional, en las que evidenció unas interceptaciones de llamadas telefónicas a José Miguel Meléndez Vega, señalado de haber sido intermediario entre los exintegrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar con trabajadores mineros para que se pensionaran presuntamente haciéndose pasar por pacientes psiquiatras u otras enfermedades.

Según la indagación, en esas conversaciones se mencionaban a varias personas, entre esas a jueces de la república como colaboradores u oponentes de ese entramado delincuencial. Uno de estos nombres que salió a relucir fue supuestamente el del juez Hernán José Acosta Rodríguez.  

Un informe del 15 de febrero de 2018, en el que los investigadores analizaron abonados telefónicos de 21 llamadas, observaron unas conductas que inferían que hablaban de unas tutelas en las cuales se ordenaban a unas aseguradoras los pagos de unos valores de pólizas por invalidez o muerte.  

Para la Fiscalía, el juez falló en más de tres tutelas a cambió de dinero, pero la mayoría fueron revocadas por el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de Conocimiento. Por tal razón, en el mes de abril de 2019 el juez Hernán José Acosta Rodríguez fue citado por la justicia para la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía Primera delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar.

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Desde entonces fue cobijado con la medida domiciliaria con el fin de apartarlo del cargo. Mientras que su caso avanza en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad.

Hasta ahora el profesional del derecho se ha declarado inocente de los cargos.

POR REDACCIÓN EL PILÓN.