El 2025 dejó un panorama judicial complejo para Valledupar y el departamento del Cesar. A lo largo del año, las noticias de mayor impacto evidenciaron problemáticas estructurales que se repiten y se agravan: la alta mortalidad de jóvenes en las vías, homicidios, el aumento de los feminicidios y tentativas de feminicidio, casos de desaparición forzada que siguen abiertos, muertes asociadas a crisis de salud mental y un recrudecimiento de la violencia armada contra la Fuerza Pública. Más allá de hechos aislados, los casos revelan patrones de riesgo, fallas en prevención y una constante deuda institucional con la protección de la vida.
Muertes de jóvenes en accidentes de tránsito: una tragedia recurrente en Valledupar
Los siniestros viales se consolidaron como uno de los principales hechos judiciales de mayor impacto en la capital del Cesar. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre los 15 y 25 años, muchos de ellos estudiantes, trabajadores informales o profesionales en formación, lo que evidencia un patrón de riesgo asociado a la juventud, el uso de motocicletas y la falta de control efectivo en puntos críticos de la ciudad.
Casos como la muerte del docente Jesús Daniel Saurith Moya, quien perdió la vida tras chocar contra la glorieta del Obelisco; el fallecimiento de Sebastián Figueroa y el menor Juan David Espinosa en inmediaciones del parque Los Algarrobillos; y la muerte del abogado Alberto Mario Ariño Tarriba, víctima de presuntos piques ilegales en la vía Valledupar–La Paz, reflejan una combinación de factores repetitivos: exceso de velocidad, consumo de alcohol, imprudencia y ausencia de controles viales permanentes.
A estos hechos se suman las muertes de Jathza Monsalvo y Ayberzon López en la Avenida Sierra Nevada, señalada por la comunidad como una “pista sin control”, así como el caso de Samuel David Cabas, un menor de 16 años que murió tras tomar un vehículo sin autorización durante la noche de Velitas, y el de Sebastián Canoles, cuya muerte volvió a enlutar a una misma familia por segunda vez en menos de un año.
Estos casos muestran una coincidencia alarmante: varios accidentes ocurrieron en zonas ya identificadas como peligrosas, en horarios nocturnos o de madrugada, y en contextos donde la prevención institucional llegó tarde o no llegó. Las reiteradas voces de familiares y ciudadanos pidiendo controles, reductores de velocidad y campañas efectivas contrastan con la persistencia de las tragedias.
Feminicidios y violencia contra la mujer: una problemática que no cede
Otro de los ejes más dolorosos del balance judicial de 2025 fue la violencia contra la mujer. Valledupar registró feminicidios consumados, tentativas y agresiones extremas, muchas de ellas precedidas por antecedentes de maltrato, amenazas o conflictos de pareja, lo que evidencia fallas graves en las rutas de atención y protección.
El asesinato de Nubia Isabel Nieves Montalvo, ocurrido en plena vía pública del barrio Panamá, y el feminicidio de la patrullera Vanessa de León Pertuz, a manos de su pareja sentimental —un funcionario del INPEC— en el barrio Primero de Mayo, marcaron hitos de conmoción social. Ambos casos coincidieron en un elemento clave: la violencia fue ejercida por hombres cercanos a las víctimas, en contextos de discusión, y terminó en ataques con armas cortopunzantes.
En el municipio de Agustín Codazzi, área metropolitana de Valledupar, Natalia Castrillo Benjumea, de 22 años, hallada sin vida en una fosa de aproximadamente 30 centímetros en el corregimiento de Llerasca, también corresponde a un feminicidio. El 24 de diciembre se presentó de manera voluntaria ante las autoridades Geovani Andrés Fuentes Salcedo, de 28 años, quien confesó ser el autor material del crimen.
A estos hechos se suma el caso del comerciante Eriberto Enrique Gutiérrez Díaz, enviado a prisión por tentativa de feminicidio tras disparar contra su pareja, Diana Marcela Salas Rodríguez, pese a que la mujer ya había denunciado episodios previos de violencia. El común denominador es claro: las alertas existían, pero no lograron evitar que la violencia escalara.
Aunque las capturas y judicializaciones avanzaron, la violencia de género sigue manifestándose como una amenaza constante, con un alto nivel de sevicia y repetición, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia real de las medidas de protección y prevención en la ciudad.
Homicidios siguen marcando la agenda
Varias noticias destacadas reportan asesinatos y hechos de violencia con impacto social importante: desde dobles homicidios a tiros, pasando por ataques con armas blancas y muerte de adolescentes, hasta crímenes en contexto familiar o comunitario que generan alarma pública.
Los sectores con mayor concentración de homicidios en Valledupar (según análisis policial y publicaciones periodísticas recientes) incluyen los barrios de La Nevada, Vista Hermosa, Brisas de La Popa, Francisco Javier y Los Ángeles, entre otros puntos críticos de la comuna urbana. 
Estos lugares suelen coincidir con áreas de mayor pobreza, presencia de bandas delictivas y conflictos por rentas ilícitas, que funcionan como focos para homicidios selectivos y violencia armada. 
A pesar de la reducción general de homicidios en 2025, la violencia letal continúa siendo un desafío concentrado en barrios específicos, lo que obliga a mantener estrategias focalizadas para prevención, vigilancia y cohesión comunitaria.
Desaparición forzada: el caso Jhosuar, una herida abierta en Valledupar
El caso de Jhosuar David Mejía Gil, desaparecido desde mayo de 2024, continuó siendo en 2025 uno de los hechos judiciales más sensibles y dolorosos. Aunque la madre del menor fue condenada por desaparición forzada agravada, el niño sigue sin aparecer, lo que convierte el proceso en un caso judicial incompleto y profundamente angustiante.
Existe una condena ejemplar en términos penales, pero no hay verdad ni reparación emocional para la familia, que sigue viviendo en la incertidumbre. Las caminatas, velatones y búsquedas comunitarias reflejan no solo el dolor de los abuelos, sino también la sensación de abandono frente a un caso que, pese al tiempo, no arroja respuestas sobre el paradero del menor.
Muertes asociadas a crisis emocionales y salud mental
Durante el año también se registraron varios fallecimientos que, aunque inicialmente fueron abordados como hechos aislados, revelan una coincidencia inquietante: personas que atravesaban crisis emocionales profundas y terminaron muriendo tras caer desde edificios residenciales.
Los casos de Ana Elvira Ladrón de Guevara de 66 años, quien cayó desde el noveno piso del conjunto Palmetto, Rafael Arturo Mejía Tovar de 51 años, tras caer del piso once en la Villa Bolivariana y el joven Carlos Francisco Quintero de 22 años, quien había perdido a sus padres en hechos trágicos en menos de tres meses, muestran una dimensión poco visibilizada de la violencia: la salud mental como un asunto judicial y social.
En varios de estos hechos hubo cartas, mensajes previos o antecedentes de problemas económicos, duelos no atendidos y ausencia de acompañamiento psicológico, lo que evidencia una deuda institucional en la atención temprana de crisis emocionales.
Recrudecimiento del conflicto armado y ataques a la Fuerza Pública en el Cesar
A nivel departamental, 2025 estuvo marcado por un repunte histórico de ataques armados contra la Fuerza Pública. Las cifras del Ministerio de Defensa evidencian que fue uno de los años más violentos del país en los últimos siete, con un incremento superior al 120 % en asesinatos de uniformados durante el primer trimestre.
Iniciando el año, se registraron atentados con explosivos en municipios como Pelaya, donde resultaron heridos siete soldados. El hecho de mayor impacto fue el ataque con drones del ELN en Aguachica, que dejó siete militares muertos y más de 30 heridos, marcando un antes y un después en la forma de operar de los grupos armados en el Cesar. Este hecho ocurrió finalizado un paro armado de 72 horas decretado por el ELN a nivel nacional, que dejó en el departamento del Cesar un balance de 12 hechos de alteración del orden público, con afectaciones a la movilidad, al sector transporte y un menor de edad herido en el municipio de Chiriguaná, otro adulto en zona rural de Pailitas, según informó la Secretaría de Gobierno departamental. A esto se le sumó la denuncia de sobrevuelo de drones en estaciones de Policía de varios municipios, incluida Valledupar.
Paralelo a estos hechos, el reconocimiento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ‘Los Pachenca’ como grupo armado organizado confirmó la complejidad del escenario de seguridad en el departamento. El análisis muestra que el reto no es solo militar, sino también institucional y social: control territorial, protección a comunidades y prevención de nuevas violencias
Secuestros que marcaron el 2025 en el Cesar
El 2025 evidenció el regreso del secuestro como una de las expresiones más graves de la violencia en el Cesar, especialmente en el sur del departamento, donde varios casos generaron conmoción y aún mantienen a familias en la incertidumbre.
Entre los hechos más relevantes está el secuestro del menor Jonathan Santiago Urrea, de 16 años, ocurrido el 21 de agosto cuando se dirigía a clases en zona rural de Pelaya; permaneció 13 días en cautiverio en el Catatumbo y fue liberado el 3 de septiembre. También causó impacto el rapto de la expersonera de Tamalameque, Yennis Salazar Zabaleta, secuestrada el 21 de febrero entre Curumaní y Chimichagua por presuntos integrantes del ELN y liberada nueve meses después tras un operativo conjunto en Norte de Santander.
A estos casos se suma el del ganadero Adalberto ‘Beto’ Osorio Mantilla, de 87 años, secuestrado el 30 de junio entre Río de Oro y Aguachica y liberado tras 75 días, hecho que encendió alertas en el gremio ganadero. Continúa sin resolverse el secuestro de Brayan Forero Cárdenas, ocurrido el 15 de mayo en Aguachica, sin exigencias ni pruebas de vida, y el del soldado profesional vallenato Víctor Hugo Yepes García, retenido el 14 de noviembre en Balboa, Cauca, durante un ataque de disidencias de las Farc, convirtiéndose en uno de los últimos casos del año.
Justicia transicional y memoria: una condena histórica para el Cesar
Uno de los hechos judiciales más trascendentales de 2025 no ocurrió en una escena del crimen reciente, sino en los estrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La condena a 20 años de prisión efectiva contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, por 72 ejecuciones extrajudiciales del Batallón La Popa, marcó un precedente sin antecedentes en el país.
Los crímenes, cometidos entre 2002 y 2003 en Cesar y el sur de La Guajira, evidenciaron un patrón de macrocriminalidad, en el que se articularon estructuras militares con el Frente Mártires del Cesar de las AUC. La JEP fue enfática al negar cualquier beneficio alternativo y ordenar privación total de la libertad, enviando un mensaje contundente frente a la gravedad de los hechos.
A esto se sumó la sentencia del 18 de septiembre, en la que 12 exmilitares fueron declarados responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas, bajo un modelo de justicia restaurativa que cumpliran a treves de proyectos de impacto social.
Violencia extrema por intolerancia: ataques de pareja que terminaron en tragedia
El 2025 también estuvo marcado por hechos de violencia extrema derivados de conflictos sentimentales, celos e intolerancia, especialmente en municipios del centro y sur del Cesar.
En Gamarra, un presunto ataque de celos dejó a Luis Fernando Bohórquez y María Alejandra Ortiz con quemaduras de segundo y tercer grado, luego de que la excompañera sentimental del hombre presuntamente rociara gasolina e incendiara la habitación donde se encontraban. El caso estremeció al departamento no solo por la sevicia, sino por el estado crítico de la joven, quien debió ser trasladada a Bucaramanga. Aunque la captura fue legalizada, la agresora quedó en libertad mientras avanza el proceso.
En Bosconia, un ataque similar terminó en homicidio. Julio César Tapias, de 25 años, fue asesinado a cuchillo, mientras que Wendy Johanna Domínguez, excompañera del agresor, resultó gravemente herida. El crimen ocurrió durante la Noche de Velitas y fue atribuido a un ataque de celos, presuntamente bajo efectos del alcohol. La Policía Nacional realizó la captura mediante orden judicial del presunto responsable de los hechos.
Cuando las víctimas también son niños
El departamento también registró tragedias viales de alto impacto. En Aguachica, la muerte de la niña Ema Lucía Rincón, de apenas dos años, tras chocar la motocicleta en la que se movilizaba con su padre contra un camión estacionado, generó una profunda conmoción.
El hecho, captado en cámaras de seguridad, reabrió el debate sobre el uso de motocicletas para transportar menores, el estacionamiento indebido de vehículos pesados y la falta de controles efectivos en zonas residenciales. Aunque las campañas de seguridad vial existen, la realidad en municipios intermedios del Cesar sigue marcada por la informalidad, la imprudencia y la ausencia de infraestructura segura, lo que convierte a los niños en víctimas colaterales de un sistema vial desordenado.
Masacres y control armado: la familia asesinada en Río de Oro
El hecho más estremecedor del cierre de 2025 ocurrió en zona rural de Río de Oro, donde una pareja y su hija de 12 años fueron asesinados en un ataque armado, mientras se desplazaban en motocicleta. La otra hija de la pareja, una niña de cinco años sobrevivió, tras caer a una cuneta y permanecer oculta hasta pedir ayuda.
En el lugar fallecieron Nelly Geraldine García Mejía y Anderson Rocha Núñez, mientras que la menor Melisa López García, resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Álvaro Rodríguez González, en el municipio de San Martín, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Las autoridades confirmaron que el triple homicidio estaría relacionado con disputas territoriales entre grupos armados ilegales, en una zona golpeada históricamente por la violencia y recientemente sacudida por el ataque al Batallón El Juncal.
El balance judicial de 2025 en Valledupar y el Cesar no deja lugar a dudas: fue un año donde la violencia se manifestó en múltiples dimensiones, pero con coincidencias claras. Intolerancia, ausencia de prevención, control territorial armado y fragilidad institucional aparecen como ejes transversales.
Más que cifras, los casos narran historias de familias destruidas, niños huérfanos, víctimas que alertaron sin ser escuchadas y comunidades que siguen esperando respuestas. El reto para 2026 no será solo judicializar, sino anticiparse, proteger y evitar que estas tragedias sigan repitiéndose.
