A través de una carta enviada a 18 alcaldes de ciudades del país, la Superintendencia de Transporte pidió a la Alcaldía de Valledupar investigar y sancionar a las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares. Así mismo, “solicitó iniciar acciones judiciales y administrativas contra los sujetos que presten el servicio sin cumplir las normas, y contra quienes faciliten las operaciones de manera ilegal”.
Según el superintendente Camilo Pabón, las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares deben ser investigados y sancionados bajo la ley de tránsito terrestre y la ley de transporte terrestre con la imposición de multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales, más de $634 millones.
La Superintendencia ‘recordó’ a los alcaldes que la omisión de control del transporte ilegal ha causado en el pasado múltiples “condenas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra los municipios, investigaciones por parte de la Superintendencia de Transporte, así como procesos en la Procuraduría General de la Nación contra mandatarios locales”.
