El abogado Pedro Toro Sierra, después de siete años de haber sido separado del cargo como Procurador Penal Judicial, debido a que había denunciado a un Juez Militar, el Consejo de Estado ordenó su reintegro y el pago de sus salarios dejados de percibir durante ese tiempo, además de primas, vacaciones y demás prestaciones sociales.
La decisión judicial del máximo tribunal administrativo del país, se conoció ayer, tras desvirtuar las conductas imputadas contra el profesional del derecho, en un fallo proferido por la Procuraduría Regional del Cesar.
Según el alto Tribunal, quien ratificó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, consideró que se violó el debido proceso y el derecho a la defensa y que no hubo omisión en la actuación del funcionario público, frente a una supuesta falta disciplinaria por haber denunciado a un Juez Penal Militar, cuando fungía como Procurador Judicial Penal de Valledupar, adscrito a la Procuraduría Regional del Cesar.
