Otras nueve personas, entre médicos, abogados, tramitadores y trabajadores de una multinacional, que certificaron enfermedades psiquiátricas y físicas para pensionarse, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en varias ciudades de la Región Caribe, con el que las autoridades pretenden poner al descubierto todos los eslabones de la cadena criminal que afectó los recursos públicos del sistema pensional.
Así mismo, ellos habrían permitido que un grupo de trabajadores se pensionara por invalidez sin tener limitaciones físicas, ni cumplir los requisitos para alcanzar ese reconocimiento. Entre los capturados figuran: en Barranquilla, Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado; Rolando José Vargas Russo, fisiatra; Patricio Antonio García de Caro, psiquiatra y Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora. En Santa Marta, apresaron a Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador, y en Valledupar fue capturada de María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitador.
Según la Fiscalía, estas personas al parecer hacen parte de una organización que, con la supuesta expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados, lograron que empleados de tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse.
