Un líder campesino que reclamaba tierras fue asesinado por desconocidos en el departamento de Córdoba, denunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ordenó a las autoridades la inmediata investigación.
Se trata de Jairo Martínez, de 46 años, quien fue asesinado el viernes por la noche en la finca El Anzuelo, corregimiento Guateque de Montería, donde llegaron dos hombres en una moto y le dispararon tres tiros.
El comandante de la policía en Córdoba, coronel Jaime Ávila, manifestó que Martínez no había reportado amenazas en Montería y que trabajaba como obrero en la finca, que no era del lote que reclamaba.
Las tierras que exigía estaban aparentemente en la zona de Carmen de Bolívar, donde el 10 de marzo de 2010 había sido detenido por la policía, unidades de la armada y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General ante una orden de captura por el delito de rebelión por ser presuntamente parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dijo el jefe policial.
“Condenamos enérgicamente el asesinato del reclamante de tierras Jairo Martínez… He ordenado investigación pronta para castigo severo”, publicó el sábado en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos.
Miembros del no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, que colabora con campesinos en sus reclamos de tierras despojadas por grupos armados ilegales, dijeron que de momento carecían de datos sobre Martínez y qué tierras reclamaba exactamente, pero que estaban averiguando en Carmen de Bolívar con sus parientes.
Peligro latente
El Gobierno trata de aplicar una ley de restitución de tierras promulgada el año pasado, que pretende devolver para 2014 unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias desplazadas por la violencia.
Al menos ocho líderes campesinos que reclaman tierras fueron asesinados el año pasado. Organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno una mayor protección de los campesinos que piden la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas por los grupos armados ilegales.
Cabe anotar que en el departamento del Cesar han sido múltiples las denuncias de amenazas de muerte a los líderes de la restitución de tierras. En su mayoría han sido incluidos en el programa de protección especial del gobierno nacional, pero los campesinos insisten en que el peligro es latente.
