Después de dos años de su aprobación, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que permitirá que las madres cabeza de hogar puedan conmutar las penas en prisión por servicios comunitarios no remunerados.
El proyecto surgió desde el Gobierno anterior por iniciativa de la exrepresentante a la cámara Juanita Goebertus, pero había tenido objeciones que hasta ahora fueron superadas.
Se proyecta que por lo menos 5.000 mujeres cabeza de familia puedan sustituir sus penas con trabajo en beneficio de la comunidad en actividades relacionadas a la educación, recuperación del espacio público, y restauración del medio ambiente, entre otros.
Las labores tendrán que realizarse durante cinco horas por cada semana de privación de la libertad impuesta en las condenas.
“El juez deberá asegurarse de que el plan de servicio que se pacte con la condenada sea para la presentación del servicio de utilidad pública que incluya labores que contribuyan a su formación educativa y/o profesional, procurando no asignar únicamente labores tradicionalmente asignadas a mujeres”, reza la ley.
