La poca colaboración que el antiguo jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, mostró con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no solo costó su cupo de ingreso a la justicia transicional, sino que también podría dejar sin verdad estruendosos crímenes que habían sido analizados años atrás por esa corporación.
Uno de los casos tiene relación con la persecución criminal que sufrieron algunos docentes en los departamentos del Cesar, Magdalena y Atlántico. Entre las víctimas está la docente del colegio La Esperanza, Nohora Martínez Palomino, asesinada al parecer por equivocación el 19 de abril del año 2004 en Valledupar, y la profesora Ingrid Esther Cantillo Fuentes, quien fue sacada a una calle en frente del cementerio del corregimiento de Bahía Honda, Magdalena, para matarla.
Otra víctima es el sociólogo y profesor universitario Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa Martínez, ultimados con arma de fuego en una vía de Barranquilla.
