De los indicadores colectivos más sensibles que describen el clima social en que discurre la vida urbana es la seguridad en las ciudades. La medición y percepción ciudadana que padecen centros poblados, generan distinta respuesta de autoridades civiles y policivas que reaccionanante la presión ciudadana, colocan manto de duda sobre la veracidad de índices o realidad que se padece. El argumento esgrimido por funcionarios públicos es anuncios de incremento de asignaciones presupuestales para mitigar el flagelo, o solicitando mayor denuncia y colaboración ciudadana, en el caso de autoridades policivas.
Empero, tanto unos como otros, en cumplimiento de su responsabilidad funcional, no diseñan políticas públicas novedosas que realmente incidan en atenuar los incidentes de violencia.
La Administración Municipal, en defensa de su gestión, anuncia incremento en inversión pública: aumento del 100% de cuadrantes de policía de 14 a 28; inversión en dotación de medios tecnológicos y de movilidad para “combatir” el crimen; divulgan el programa “vamos por ellos”, buscando con esto generar confianza y bajar la temperatura del clima social.
Las autoridades policivas, si bien es cierto tienen razón en señalar el bajo nivel de participación ciudadana en la denuncia de incidentes de violencia, no es menos cierto que la percepción de efectividad en el control realizado, es negativo en el colectivo social. No se indaga porqué la comunidad no tiene confianza en las autoridades de seguridad. Sin embargo, se solicita mas pie de fuerza disponible para combatir el crimen y lo que sorprende es, que de acuerdo a estudio de Naciones Unidad, Colombia destina 35 policías por cada 10.000 habitantes, mientras el parámetro internacional sugiere la ONU es de 221.
En relación con este índice, con frecuencia se citan recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas en el sentido que el nivel mínimo del mismo no debe ser inferior a 22 policías por 10 mil habitantes. No obstante las visibles variaciones de este índice entre países sugieren que esta recomendación, a pesar de su valor informativo, no resulta de mayor utilidad para definir la cantidad “ideal” de policías que requiere cada país. Al respecto se señala que los parámetros para establecer los requerimientos de servicio de policía no deben reducirse a consideraciones meramente cuantitativas, como el número de uniformados y la cantidad y calidad de armamento y equipamiento a su disposición para operar y cumplir su misión institucional. Se remarca también la necesidad de asignar igual o mayor ponderación a aspectos intangibles como la satisfacción de los policiales con sus condiciones laborales y familiares, al igual que con la calidad del cuerpo doctrinario que rige y direcciona el desarrollo de la Institución2
En efecto, según la encuesta de percepción 2013 (EPC) realizada por el programa Valledupar Cómo Vamos, señala que 219 personas fueron víctimas de delitos, de las 1.004 encuestadas, pero el 63% es decir 138 víctimas, no denunciaron su ocurrencia.La razón más importante, falta de confianza en autoridades (45%). Este hecho notorio, no ha generado estrategias por parte de autoridades civiles y policivas, para cambiar la percepción ciudadana. Se debería implementar mecanismos para elevar la confianza ciudadana en las entidadesde seguridad.
Los organismos no gubernamentales, que en su objeto misional han hecho visibles mediciones de inseguridad que padece el colectivo social, son desmentidas colocando manto de duda sobre la fuente de datos. En algunos casos, se señala que es solo problema de “percepción”, como si la percepción no fuera la realidad que se está viviendo, observando y sintiendo.
En este contexto, el programa Valledupar Cómo Vamos, enfrenta la percepción ciudadana vs indicadores de victimización de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los registros del Departamento de Policía Cesar, para determinar si existe correlación entre la percepción y los registros de fuentes oficiales.
Las EPC_2012 y 2013 registraron incremento del 18 a 22% en los encuestados que manifestaron haber sido víctimas de delitos. Esta informaciónse puso en tela de juicio, no obstante, con la verificación de fuentes oficiales se corrobora la correlación existente, en tanto el aumento según el Departamento de Policía Cesar, el incremento fue del 9% al pasar de 910 casos “denunciados” en atracos en vía pública en 2012 a 984 registros en el año 2013.
El hurto de automóviles, en datos suministrados por el Departamento de Policía Cesar, se incrementó del 81% al pasar de 71 automotores hurtados en 2012 a 128 en 2013.El hurto de motos, el aumento fue del 113% al pasar de 271 motos hurtadas en 2012 a 576 en 2013.
De lo anterior, puede concluirse que la delincuencia y su actuar no cesan, sigue acrecentándose. La política pública diseñada para su control no ha tenido la efectividad esperada.
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