Un padre de familia denunció públicamente la presunta libertad de uno de los docentes investigados por abuso sexual contra menores en Pueblo Bello, Cesar, al parecer, por vencimiento de términos.
Se trata de Levith David Blanco Rangel, quien fue señalado junto a otro profesor de haber cometido actos sexuales contra estudiantes de entre 13 y 16 años durante los Juegos Intercolegiados Supérate 2024, realizados en esta localidad.
El caso se habría registrado entre el 28 y 30 de agosto de 2024 en el hotel Pueblito Arhuaco, donde se hospedaban unos 60 estudiantes durante las justas. Allí, seis niñas indígenas arhuacas denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de dos profesores, quienes supuestamente les ofrecieron comida, alcohol y luego habrían cometido los hechos.
Otro de los docentes vinculados, Raúl Pompeyo Villazón, también habría quedado en libertad por la misma causa.
El denunciante, José de Jesús Fontivero Bolívar, padre de una de las niñas afectadas, manifestó su inconformidad y acusó negligencia en la actuación de la Fiscalía. “Estamos inconformes porque la Fiscalía había dictado que era culpable de los tocamientos de una niña. Ahí hubo negligencia, al parecer, de la Fiscalía. Ahora queda libre y de pronto lo devuelven a las aulas como si nada, cuando para nosotros es un delincuente”, aseguró.
Fontivero también criticó la falta de acompañamiento legal. “La Defensoría del Pueblo nos había dicho que pondrían un abogado, pero no se hizo nada. Nosotros somos campesinos de escasos recursos y no tenemos cómo enfrentar un proceso legal solos”.
El padre alertó que, pese a la gravedad de las denuncias, el docente podría regresar a la actividad en la Institución Educativa de La Honda, ubicada en la vereda del corregimiento de Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello, Cesar. “No queremos que la Secretaría de Educación le permita volver a dar clases. Un profesor que le dio trago a unas niñas y abusó de la confianza de los padres no puede volver a estar frente a un aula”, enfatizó.
El caso mantiene consternada a la comunidad de Pueblo Bello y en especial a la etnia arhuaca, pues las seis presuntas víctimas hacen parte de esta población indígena. Tras las denuncias iniciales, la Secretaría de Educación Departamental había separado del cargo a los dos docentes implicados, mientras las menores reciben orientación psicosocial con apoyo del ICBF.
Sin embargo, para los padres, la situación sigue siendo alarmante. “Sabemos que ese profesor llevará una marca ante el pueblo por lo que hizo. Pero no queremos que quede en la impunidad”, concluyó Fontivero.
Redacción judicial / EL PILÓN
