Una denuncia dirigida a cuatro personas por supuesta corrupción en el interior de la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar, desencadenó una investigación de la Fiscalía General de la Nación que tiene para la fecha a ochos personas procesadas por el presunto detrimento patrimonial de $2.300 millones, a través de los ya conocidos carteles de la Chatarrización destapados en diferentes ciudades del país.
Los implicados en la denuncia instaurada el 3 de junio del año 2015, fueron: el exsecretario de Tránsito, Oscar Miguel Tom Socarrás; el exasesor jurídico y actual concejal, Leo Mestre Socarrás; la encargada de manejar la plataforma del RUNT, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, y el ciudadano José Vicente Ustáriz, quien no laboró con la institución pública.
“Solo estas personas fueron las que denuncié ante la Fiscalía porque eran los que veía que movían todas las piezas con respecto a intereses en el procedimiento de Chatarrización que había iniciado el Estado, las demás que están comprometidas en la investigación se las llevó el RUNT u otras pesquisas que haya encontrado la Fiscalía durante la investigación”, aclaró Guillermo de Jesús Rivero Pérez, en una entrevista concedida a este medio de comunicación.
