Dos funcionarios de la Sijín, identificados como Jair Barrios Lache y Jesús David Suárez, se presentaron voluntariamente ante la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, para enfrentar las acusaciones en su contra por el delito de concusión.
Los funcionarios, adscritos a automotores de la Policía Metropolitana de Valledupar, son investigados por presuntamente exigir 10 millones de pesos al propietario de una camioneta para no detenerlo por receptación.
Según la investigación, los uniformados junto al dueño del vehículo, lograron llegar a un acuerdo donde este último finalmente les entregó 4 millones de pesos para evitar problemas legales, puesto que su automotor marca Toyota, de placas JH-685 de Villa del Rosario, tenía el registro similar a otro carro.
